Nuevo fallo en las pulseras antimaltrato
El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha, junto con las fuerzas de seguridad del Estado, el protocolo de protección destinado a las personas usuarias del sistema de pulseras contra la violencia machista, tras detectarse un fallo en los dispositivos.
La institución ha informado que el servicio está siendo restablecido progresivamente y que las víctimas fueron notificadas y se encuentran “protegidas en todo momento”. Además, el botón de emergencia disponible para las mujeres funciona con normalidad, según confirmó Igualdad.
Este sistema administra los dispositivos de control telemático que permiten conocer la localización exacta de los agresores con órdenes de alejamiento, lo que posibilita salvaguardar a las mujeres, que también disponen de un terminal vinculado, y registrar cualquier incumplimiento de las medidas judiciales.
Desde Igualdad explican que la ministra, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han mantenido contacto directo con la UTE Vodafone-Securitas, empresa responsable del servicio, “acudiendo incluso a la Sala Cometa para seguir personalmente la evolución de la incidencia”. Tras analizar todas las alternativas técnicas, se identificó que el problema proviene de un enrutador encargado de distribuir los mensajes a las distintas plataformas según el tipo de alerta, informó el Ministerio.
El origen de la avería, según Igualdad, radica en ese enrutador, que canaliza los mensajes hacia diferentes sistemas dependiendo de la clase de notificación. Cerca del 10% de esas comunicaciones generan errores repetitivos que sobrecargan la red, aunque el restablecimiento del servicio ya está en marcha.
Actualmente, en España hay más de 4.500 hombres que portan estas pulseras. El fallo en su funcionamiento ha vuelto a poner el foco en este mecanismo, operativo en el país desde 2009. No existen registros de que ninguna mujer haya sido asesinada mientras estaba protegida con uno de estos dispositivos. Desde su implantación, 21.036 mujeres han contado con esta medida en algún momento.
Los brazaletes se colocan cuando un juzgado lo dispone: se instala uno en la muñeca o tobillo del agresor que tiene una orden de alejamiento, ya sea tras una condena o mientras se encuentra pendiente de juicio. Manipular el dispositivo implica una sanción económica. El incumplimiento de la orden de alejamiento, regulado en el artículo 468 del Código Penal, puede suponer penas de prisión de entre seis meses y tres años si la persona protegida es víctima de violencia de género.
A la víctima se le entrega un teléfono inteligente que emite una señal de alerta en caso de que el agresor se acerque y viole la prohibición. La instalación de este sistema busca garantizar la seguridad de la mujer, registrar posibles vulneraciones de las medidas judiciales y disuadir al agresor de incumplirlas.
La pulsera incorpora un sistema de geolocalización, una correa que detecta manipulaciones o roturas, una duración aproximada de un año y batería recargable. Además, permite que la víctima reciba notificaciones en su teléfono, realice videollamadas, envíe imágenes o emita alertas directas al centro de control.
En sus inicios, estas pulseras se utilizaban exclusivamente para la protección de víctimas de violencia de género, pero tras la entrada en vigor de la Ley del “solo sí es sí”, también se aplican al seguimiento de agresores sexuales. Ahora pueden vincularse de forma múltiple: un agresor puede estar conectado con varias víctimas y, del mismo modo, una víctima puede tener protección frente a más de un agresor.
Según datos de la Sala Cometa, el 87% de las mujeres que utilizan el dispositivo afirma sentirse más segura; el 88%, aunque reconoce algunos fallos, considera el sistema “muy eficaz” o “bastante eficaz”; y el 90% lo recomendaría a otras mujeres en situaciones similares.
Hace un mes se denunció otro error técnico en estas pulseras, que se remonta a 2023, cuando la adjudicación del servicio cambió de proveedor, de Telefónica, que subcontrataba con Securitas Direct, a la UTE Vodafone-Securitas. En esa transición se produjo un fallo en la transferencia de datos entre empresas, lo que impidió durante varios meses conocer los movimientos de los agresores previos al 20 de marzo de 2024.
Según la Fiscalía General del Estado, este incidente supuso una “posible situación de desprotección para las víctimas”, tal como recoge en su informe anual más reciente.
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