Crece la presión judicial: un directivo de Google confirma la implicación directa de la asesora de Moncloa en gestiones de la cátedra de Begoña Gómez
La investigación judicial que analiza las actividades vinculadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid incorporó este domingo nuevos testimonios relevantes.
Durante la jornada declararon varios testigos clave y se tomaron decisiones procesales que podrían modificar el rumbo del procedimiento, centrado en esclarecer la posible intervención de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, en gestiones de carácter privado relacionadas con la esposa del presidente del Gobierno.
Presencia de la asesora de Moncloa en reuniones tecnológicas
Uno de los testimonios más esperados fue el de Miguel Escassi, directivo de Google y miembro del patronato de la Fundación de la Universidad Complutense. Escassi admitió que coincidió en distintas reuniones con Cristina Álvarez, en encuentros destinados al desarrollo del software impulsado por la cátedra dirigida por Gómez.
Según su declaración, Álvarez participó en varias sesiones de trabajo vinculadas al proyecto tecnológico. El directivo relató que cuando le fue presentada, entendió que formaba parte del equipo técnico o de apoyo al proyecto, y no como representante institucional de la Presidencia del Gobierno. Afirmó además que su interlocución principal en estas conversaciones era con la propia Begoña Gómez, sin que existiera relación formal con la asesora.
La citación de Escassi fue solicitada por las acusaciones populares con el argumento de que su conocimiento directo de las relaciones y procesos para obtener financiación podía resultar esclarecedor.
Declaraciones del exvicerrector de la UCM
También compareció Juan Carlos Doadrio, quien como exvicerrector de la Complutense ya había declarado el pasado año. En esta nueva intervención ratificó que Álvarez acompañó en diversas ocasiones a Begoña Gómez en sus visitas a la universidad y que intervino en negociaciones relacionadas con las retribuciones asociadas a los dos másteres impartidos por la docente.
El responsable universitario añadió que mantuvo reuniones a solas con la asesora, una de las cuales tuvo lugar en dependencias de La Moncloa, un hecho que incrementa la relevancia política y administrativa del caso.
Su testimonio se prestó después de la incorporación al sumario de alrededor de un centenar de correos electrónicos intercambiados con Álvarez, actualmente analizados por la Guardia Civil por orden del juez instructor. Dichas comunicaciones podrían reflejar la intervención de la asesora en la gestión económica y organizativa de la cátedra, incluida la propuesta de destinar un 10% de los beneficios a la consultora encargada de los programas de formación.
Posición del Instituto de Empresa
El tercer testigo de la jornada fue Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa (IE). De acuerdo con su declaración, la contratación de Begoña Gómez como directora del IE Africa Center se basó exclusivamente en su trayectoria profesional y en la recomendación de la presidenta del organismo, Felicia Appenteng.
Al ser preguntado por su relación con Cristina Álvarez, aseguró no haber mantenido ningún tipo de comunicación con ella durante los cuatro años en los que Gómez asumió la dirección del centro, descartando cualquier vínculo externo o influencia institucional en el nombramiento.
Sobreseimiento para la secretaria general de Presidencia
Antes del turno de testigos, el magistrado interrogó como investigada a Judit González, secretaria general de Presidencia del Gobierno. Tras escuchar sus explicaciones, decretó el archivo libre de la causa respecto a su persona, al considerar que no intervino ni tuvo responsabilidad alguna en la contratación o supervisión de Cristina Álvarez.
La imputación inicial se había sustentado en la hipótesis de un posible delito de malversación por omisión, basado en la posición jerárquica de González, que podría haberle obligado a impedir la presunta actividad privada compatible con funciones institucionales atribuida a Álvarez. Sin embargo, el juez estimó que no existía fundamento para mantener esa acusación.
Un proceso judicial bajo máxima atención pública
El procedimiento continúa abierto y las nuevas pruebas documentales podrían resultar determinantes para esclarecer si hubo utilización indebida de recursos o influencias institucionales en beneficio de actividades privadas.
Por ahora, ninguno de los testigos citados ha afirmado que su participación estuviera relacionada con la condición de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno, aunque las acusaciones sostienen que debe esclarecerse el alcance real de la intervención de la asesora de Moncloa y su protagonismo en decisiones vinculadas a proyectos universitarios.
Las próximas semanas serán decisivas, a la espera de los resultados del análisis de la Guardia Civil y de nuevas comparecencias que puedan ser acordadas por el juez instructor.
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