“El Estado devora sus propios recursos: salarios públicos consumen ya más del 60% de los impuestos”

El gasto destinado a financiar las retribuciones de empleados públicos y cargos políticos se ha convertido en una de las partidas más voluminosas y de mayor crecimiento dentro de las cuentas públicas españolas. Para 2025, el desembolso que deberán asumir las distintas administraciones superará los 183.000 millones de euros, y si se mantiene la tendencia prevista y el acuerdo de incrementos salariales firmado con los sindicatos, esta cifra excederá los 200.000 millones en 2027.

Se trata de una dinámica ascendente que, lejos de moderarse, avanza como una bola de nieve presupuestaria, alimentada tanto por nuevas contrataciones como por los habituales deslizamientos salariales derivados de antigüedades y complementos.

Este incremento se produce en pleno debate sobre la sostenibilidad del gasto público y en un contexto en el que la recaudación fiscal se encuentra tensionada por el frenazo económico y la presión tributaria sobre familias y empresas.

 El peso específico de las remuneraciones públicas dentro del total del gasto es ya extraordinario: suponen alrededor del 25% del presupuesto global del Estado, y superan el 30% si se incluyen los gastos corrientes vinculados al mantenimiento de la estructura administrativa. Además, más del 60% de los ingresos tributarios se destinan únicamente a esta partida, un porcentaje inalcanzable incluso para las empresas privadas con mayores ratios de costes laborales.

El impacto es evidente: la totalidad de lo que se ingresa por IRPF y una parte significativa de la recaudación del IVA se absorben para pagar nóminas públicas. La masa salarial supera ya incluso el presupuesto destinado al pago de pensiones contributivas, a pesar de que estas últimas dan cobertura a casi 10 millones de personas, frente a los aproximadamente 3,8 millones de trabajadores del sector público, cifra real que emerge cuando se integran datos de afiliación a la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas.

 Crecimiento histórico e imparable del empleo público
La dimensión del incremento resulta todavía más clara al observar su evolución a largo plazo: desde 2007, año previo al estallido de la crisis financiera, el gasto en retribuciones ha aumentado en más de 75.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 70%, acompañado de 551.000 empleados públicos adicionales. Si se retrocede hasta 1995, el incremento es aún más llamativo: un 266% más, que equivale a 133.000 millones adicionales.

El ritmo más acelerado se ha registrado en los últimos años. Bajo el actual Gobierno, el coste total destinado al personal público ha aumentado más de un 44%, lo que implica 53.000 millones adicionales y unas 370.000 incorporaciones nuevas. Este salto se ha producido pese a la fuerte inversión en digitalización, automatización e inteligencia artificial que, en teoría, debería haber permitido reducir estructuras y plantillas.

 El coste real del sistema: mucho más que salarios
La cifra oficial de gasto público en personal no refleja la totalidad del coste real de mantener el entramado administrativo del Estado. A las retribuciones fijas deben añadirse otras partidas que quedaron fuera del capítulo presupuestario destinado al gasto de personal:

Dietas e indemnizaciones por razón de servicio de cargos electos, exentas de tributación y contabilizadas como gastos corrientes.

Pensiones del Régimen de Clases Pasivas, que alcanzan casi 21.000 millones anuales, financiadas íntegramente con impuestos y registradas como transferencias corrientes.

Coste asociado a entidades y empresas públicas, cuya estructura y gastos raramente aparecen con claridad en el desglose presupuestario.

Sumando estos componentes, el coste real del empleo público superará ampliamente los 225.000 millones en 2025, limitando gravemente la capacidad del Estado para impulsar políticas de inversión que estimulen la actividad económica y el empleo privado.

 Autonomías y ayuntamientos, los grandes motores del gasto
Son las Comunidades Autónomas las que concentran la mayor parte de la factura: sus plantillas superan los dos millones de empleados, y el gasto previsto para 2025 rondará los 114.000 millones de euros, el doble de lo que destinaban hace dos décadas. Le siguen los ayuntamientos, que ya rebasan el gasto de la Administración Central y superarán los 33.000 millones, con una plantilla creciente que ya suma 722.000 trabajadores.

Por su parte, el aparato ministerial y los organismos dependientes del Gobierno Central aportan cerca de 31.000 millones en costes laborales, mientras que la Seguridad Social ronda los 3.000 millones.

El crecimiento es desigual territorialmente, pero en todos los casos muestra un patrón de aceleración. En Baleares, por ejemplo, el incremento de remuneraciones ya alcanzaba el 7,7% interanual antes incluso de aplicar las subidas acordadas.

 La ausencia de reformas y la falta de evaluación de la eficiencia
A pesar del peso monumental de esta partida en las cuentas públicas, ningún Ejecutivo ha abordado una reforma estructural que permita medir la productividad real del gasto y evaluar la eficiencia del modelo administrativo. Se han sucedido ampliaciones de plantilla, incremento de organismos y proliferación de cargos designados políticamente, pero no ha habido revisión ni estrategia de racionalización.

Paralelamente, en el ámbito privado, los salarios han tenido un comportamiento mucho más moderado y las empresas han afrontado procesos de ajuste constantes para sobrevivir en un escenario económico incierto.

 Un modelo que tensiona la sostenibilidad fiscal
El crecimiento descontrolado del coste del personal público plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad futura para impulsar políticas que impulsen la competitividad y el empleo privado.

Si las Administraciones destinan la mayor parte de sus recursos a sostener su propio funcionamiento, sacrificando inversión y eficiencia, el progreso económico queda seriamente condicionado. El debate sobre el tamaño del sector público, su productividad y el uso responsable de los impuestos será ineludible en los próximos años.

España afronta el reto de decidir si mantiene un modelo que crece sin freno, o si inicia una revisión responsable que permita garantizar servicios públicos de calidad sin comprometer el futuro financiero del país.

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