“El Ejecutivo, en el punto de mira por desviar 16 millones a la constructora de la familia de una secretaria de Estado”
En el centro de esta atención se encuentra la constructora aragonesa Sumelzo S.A., empresa vinculada familiarmente a una alto cargo del entorno del Gobierno y que, desde 2019, ha acumulado un volumen significativo de adjudicaciones
La actividad de contratación pública de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) durante los años en que dependió orgánicamente del Ministerio para la Transición Ecológica ha entrado en el radar de los investigadores.
En el centro de esta atención se encuentra la constructora aragonesa Sumelzo S.A., empresa vinculada familiarmente a una alto cargo del entorno del Gobierno, Susana Sumelzo, y que, desde 2019, ha acumulado un volumen significativo de adjudicaciones procedentes del organismo de cuenca.
Los documentos analizados por la Guardia Civil en el marco de una investigación más amplia —que abarca movimientos empresariales y presuntos pagos irregulares relacionados con sociedades vinculadas al denominado caso Cerdán— sitúan varias operaciones de la CHE entre las líneas de trabajo abiertas por la Unidad Central Operativa (UCO). Aunque ninguna conclusión definitiva ha sido fijada por los investigadores, los indicios recopilados permiten reconstruir un mapa de adjudicaciones que ha despertado especial interés.
Once de los dieciséis contratos obtenidos desde 2019 proceden de la Confederación Hidrográfica del Ebro
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la jefatura del Ejecutivo, Sumelzo S.A. ha recibido contratos públicos por un importe aproximado de 16 millones de euros. De ellos, once fueron concedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente jerárquicamente de la Dirección General del Agua, integrada en el Ministerio entonces dirigido por Teresa Ribera.
El primer contrato en esta serie se formalizó el 14 de noviembre de 2019, apenas cuatro días después de las elecciones generales. Aquel expediente inauguró un periodo continuo de adjudicaciones que se prolongaría hasta 2025, con proyectos que van desde trabajos de mantenimiento rutinario hasta intervenciones de mayor escala en infraestructuras de riego.
Las fechas que interesan a los investigadores: un contexto electoral y un sector bajo tensión
El momento en que comenzó esta sucesión contractual coincide con un periodo políticamente sensible para el departamento, según señalan fuentes conocedoras de las pesquisas.
La UCO ha analizado comunicaciones interceptadas a Koldo García —exasesor de un antiguo ministro— en las que este aseguraba que determinados permisos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica avanzarían una vez consolidado el Gobierno. En esos mensajes se aludía a la continuidad de cargos clave del ámbito medioambiental como un factor favorable para desbloquear expedientes.
En esas comunicaciones aparecía mencionado el proyecto de la mina Muga, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue firmada por el entonces Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, un cargo igualmente adscrito al área de Medio Ambiente. Aunque esta parte de la causa sigue en fase de análisis, los investigadores han puesto atención al encaje temporal de varios hitos administrativos.
Adjudicaciones de 2019 y 2020: trabajos menores pero alta concurrencia
Durante los dos primeros años del periodo examinado, las adjudicaciones a Sumelzo S.A. se concentraron en obras de mantenimiento y mejora básica de infraestructuras hidráulicas.
En 2019, la empresa obtuvo la obra de acondicionamiento en el Canal de Bardenas por algo más de 258.000 euros, en un concurso con numerosa competencia.
En 2020 llegaron dos contratos adicionales:
el proyecto de abastecimiento en Apiés (término de Montearagón), por cerca de 204.000 euros, y
el mantenimiento de la zona regable del Canal de Monegros (2020-2022), valorado en unos 942.000 euros y disputado por 18 licitadores.
Pese a su menor tamaño económico respecto a adjudicaciones posteriores, estas operaciones resultan relevantes para los investigadores por haber marcado el inicio de una relación contractual continuada en el tiempo.
2021 y 2022: salto cuantitativo y presencia en obras de mayor envergadura
La dinámica cambia a partir de 2021. Ese verano, Sumelzo logró dos contratos simultáneos:
la estabilización de un talud en el embalse de La Tranquera, por 113.000 euros, y
el lote 3 del mantenimiento del Canal de Bardenas, por algo más de un millón de euros.
Un año después, en junio de 2022, la empresa obtuvo otros dos lotes destinados a la mejora de eficiencia en canales principales, con importes aproximados de 1,2 y 2,3 millones de euros. Estos encargos apuntalaron a la constructora como uno de los actores con presencia recurrente en las obras de conservación del sistema de riegos del Ebro.
El contrato de Valdeliberola: un expediente de diez millones y una adjudicación retrasada
El expediente que más atención ha concentrado es el relativo al Colector de Valdeliberola, en Candasnos, con un presupuesto de ejecución que rondaba los diez millones de euros. Según la información disponible, la adjudicación final llegó con un año de retraso y tras la retirada de la adjudicación inicial a otra empresa. Finalmente, Sumelzo S.A. recibió el contrato en mayo de 2024, lo que le situó al frente de una de las actuaciones más costosas en el sistema de Riegos del Alto Aragón.
2025: adjudicación multimillonaria para el mantenimiento de Monegros y Cinca
En febrero de 2025, la CHE volvió a adjudicar a la constructora un contrato de alto impacto económico: el mantenimiento conjunto de las infraestructuras del Canal de Monegros y el Canal del Cinca, valorado en unos 3,4 millones de euros. Esta operación, aún reciente, consolida la presencia de la compañía en tareas estratégicas para la gestión del agua en la cuenca.
Un pago que levanta sospechas: la transferencia a Servinabar
Más allá del volumen contractual, las alarmas dentro de la investigación se han activado por un pago realizado por Sumelzo S.A. a Servinabar, una sociedad vinculada a la trama que presuntamente habría servido para canalizar cobros irregulares. La operación, de 12.100 euros y registrada en el último trimestre de 2020, figura como “entrega de bienes”, un concepto que los investigadores consideran atípico para la actividad real de Servinabar.
La coincidencia temporal entre esa transferencia y la reciente adjudicación a Sumelzo del contrato de mantenimiento del Canal de Monegros (2020-2022) ha llevado a los analistas de la UCO a explorar si ese pago podría corresponder a una operación de comisión encubierta. Por el momento, esta línea de investigación continúa abierta.
Una investigación en curso y un escenario todavía sin conclusiones
A día de hoy, ni la empresa ni los responsables institucionales citados han sido objeto de imputación judicial en relación con estas adjudicaciones. La información examinada forma parte de una investigación en curso y, por tanto, se maneja con carácter provisional.
Los investigadores tratan de determinar si existió algún tipo de interferencia, trato de favor o relación irregular entre cargos públicos, empresas y terceros presuntamente implicados en el cobro de comisiones. Las conclusiones dependerán de pruebas documentales todavía en análisis y de la evolución de las actuaciones judiciales.
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