La Audiencia Nacional pide detener al asesino y exjefe de ETA, Josu Ternera, por el caso Herriko Tabernas

La Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso en el procedimiento judicial conocido como Herriko Tabernas, una de las causas más extensas y complejas relacionadas con la financiación y estructura operativa de ETA. El juez Santiago Pedraz ha emitido una orden europea de detención y entrega contra el histórico dirigente de la organización, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, con el objetivo de proceder a su “busca, detención e ingreso en prisión”.

La decisión supone un avance significativo en la pieza separada del caso que investiga la supuesta instrumentalización de las herriko tabernas —locales vinculados al entorno político de la izquierda abertzale— para apoyar económicamente a la organización terrorista. El auto judicial señala que nuevas evidencias documentales permiten situar a Urrutikoetxea en la cúpula directiva de ETA durante el periodo investigado, y por tanto, atribuirle un presunto delito de dirección de organización terrorista.

Un liderazgo histórico bajo nueva revisión judicial
Josu Ternera ha sido durante décadas una de las figuras más emblemáticas de ETA, tanto en su brazo político como en su estructura militar. Aunque en los últimos años ha aparecido ante la justicia en diversos procedimientos —y llegó a ser detenido en Francia en 2019 tras 17 años en paradero desconocido—, la Audiencia Nacional considera que aún quedan responsabilidades penales pendientes.

La documentación incorporada recientemente al sumario, según el juez Pedraz, refuerza la tesis de que Urrutikoetxea formaba parte del órgano máximo de dirección de ETA en los años en los que se investigan los hechos. Entre los materiales analizados figuran informes operativos, notas internas y elementos incautados en diversas operaciones policiales, que apuntarían a su implicación directa en decisiones estratégicas de la organización.

El caso Herriko Tabernas: una pieza clave en la estructura económica de ETA
El procedimiento judicial sobre las herriko tabernas se ha prolongado durante más de dos décadas, convirtiéndose en una de las investigaciones más voluminosas relacionadas con el entramado de apoyo a ETA. La tesis de la Fiscalía y de distintos informes policiales sostiene que estos locales habrían funcionado como parte de un sistema de financiación alternativo y en ocasiones opaco, ligado a organizaciones vinculadas al entorno político de la izquierda abertzale.

Aunque distintas sentencias y resoluciones han ido delimitando responsabilidades, la pieza que afecta a Ternera permanece abierta. El juez Pedraz considera que el exdirigente pudo desempeñar un papel decisivo en la supervisión y orientación de estos mecanismos, en el marco de lo que el auto describe como una “estructura compartimentada y estable” destinada a sostener la actividad de la organización.

Una orden europea con implicaciones transnacionales
La orden europea de detención implica que cualquier país miembro de la Unión Europea está obligado a localizar y entregar a Urrutikoetxea a las autoridades españolas. Tras su salida de prisión en Francia en 2020 por motivos de salud y la posterior absolución en alguno de los procedimientos abiertos en ese país, su situación jurídica ha sido objeto de constante seguimiento.

La emisión de esta nueva orden complica su estatus actual y abre la puerta a un nuevo ciclo judicial. La defensa del histórico dirigente ha insistido en los últimos años en su delicado estado de salud y en su voluntad de colaborar con la justicia, argumentos que ya fueron considerados por tribunales franceses. Sin embargo, la Audiencia Nacional sostiene que existen motivos suficientes para su detención inmediata, dada la gravedad del delito imputado y la necesidad de avanzar en la resolución del caso.

Un capítulo más en la larga historia judicial del terrorismo en España
La orden contra Josu Ternera se enmarca en un contexto en el que los tribunales españoles continúan revisando los últimos flecos pendientes relacionados con la violencia de ETA, pese a que la organización anunció el fin definitivo de su actividad en 2011 y su disolución en 2018. Para la Audiencia Nacional, estas investigaciones siguen siendo fundamentales para esclarecer responsabilidades, cerrar procedimientos históricos y garantizar el cumplimiento íntegro de las obligaciones legales.

Con esta decisión, el caso Herriko Tabernas vuelve a situarse en el centro del panorama judicial y político. La detención o no de Urrutikoetxea en los próximos meses determinará el rumbo de un proceso que, dos décadas después de su inicio, continúa arrojando nuevas derivadas y manteniendo viva la revisión de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España.

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