Crisis en Revuelta: dimisiones, acusaciones de estafa y denuncia ante la Fiscalía
El comunicado denuncia que en más de 24 meses no se habría celebrado una sola junta ni asamblea, ni existirían actas documentadas, balances, movimientos bancarios, contratos, facturas ni declaraciones fiscales accesibles para el resto de miembros
La asociación juvenil Revuelta, vinculada a un sector del entorno de VOX y creada en 2023 con el objetivo de impulsar un proyecto cívico orientado “al servicio de España”, atraviesa su mayor crisis desde su fundación.
Dos miembros de su Junta Directiva, Arturo Villarroya y Javier Esteban, han presentado su dimisión y han interpuesto una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades económicas y falta de transparencia en la gestión interna.
Según el comunicado difundido por Arturo Villarroya en sus redes sociales, la organización habría quedado “secuestrada” por tres personas del núcleo de dirección: Jaime Hernández, presidente de Revuelta, y sus colaboradores Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, quienes —siempre según el testimonio del exvicepresidente— habrían asumido de forma unilateral todo el poder de decisión durante más de dos años.
Dos años sin asambleas ni rendición de cuentas
El comunicado denuncia que en más de 24 meses no se habría celebrado una sola junta ni asamblea, ni existirían actas documentadas, balances, movimientos bancarios, contratos, facturas ni declaraciones fiscales accesibles para el resto de miembros.
La Junta Directiva, de acuerdo con Villarroya, habría sido “marginada por completo”, hasta el punto de que el acceso a la información básica de la asociación habría sido bloqueado para todos excepto para el presidente y su círculo más cercano.
Revuelta nació utilizando la estructura de otra asociación preexistente, ASOMA, supuestamente como trámite provisional. Villarroya afirma ahora que ese cambio nunca se llegó a formalizar, lo que agrava la situación administrativa del proyecto.
Acusaciones de apropiación y desvío de fondos
Uno de los puntos más delicados del comunicado hace referencia a la presunta gestión opaca de los fondos recaudados durante la operación humanitaria realizada tras la DANA de Valencia, en la que participaron miles de voluntarios.
Villarroya sostiene que existen “indicios inaceptables” de apropiación indebida, así como la posibilidad de que se hayan efectuado pagos o retiradas de efectivo vinculadas a PICAPORTE, una empresa asociada al presidente, Jaime Hernández.
Dimisiones y denuncia ante la Fiscalía
Tras meses solicitando sin éxito acceso a cuentas, auditorías internas y justificación documental, tanto Arturo Villarroya como Javier Esteban formalizaron su dimisión el 5 de noviembre.
El 30 de noviembre, ambos presentaron una denuncia ante la Fiscalía por presunta estafa, gestión irregular de cuotas de afiliación sin derechos reconocidos, y bloqueo deliberado de la información económica a los asociados.
Según el comunicado, “decenas o centenares” de personas habrían estado pagando cuotas sin que se les reconociera como socios de pleno derecho ni se convocasen asambleas reglamentarias.
Revuelta, ¿camino a la disolución?
La fractura interna, la denuncia formal y la falta de estructura legal clara dejan a Revuelta en una situación límite.
Fuentes consultadas por este medio señalan que el futuro de la asociación es “incierto” y que la disolución podría ser el desenlace más probable si se confirma la imposibilidad de recomponer una Junta operativa, frenar la sangría de dimisones o regularizar la situación jurídica.
Mientras tanto, Villarroya asegura que seguirá defendiendo “las causas justas del pueblo español” desde su militancia en VOX y reitera su apoyo a los voluntarios y donantes que participaron en las campañas impulsadas por la asociación.
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