Se dispara casi un 200% el número de marroquíes mayores de 45 años sin haber trabajado nunca en España
Las estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han vuelto a poner al descubierto las perversas consecuencias del modelo de fronteras abiertas y asistencialismo sin control impulsado por el Ejecutivo.
El número de inmigrantes marroquíes mayores de 45 años inscritos como demandantes de empleo sin haber aportado jamás un solo día de cotización a las arcas públicas españolas se ha disparado de forma alarmante. En el caso de los varones, el incremento roza el 188% en los últimos cinco años, pasando de 617 inscritos en 2021 a 1.778 en el verano de 2026.
El volumen total de ciudadanos marroquíes en esta categoría administrativa alcanza ya la desorbitada cifra de 11.434 personas, posicionándose como el colectivo extranjero más numeroso en los registros de desempleo sin ocupación previa.
El perfil está encabezado abrumadoramente por mujeres (9.656 inscritas, un 84,4% del total), quienes concentran por sí solas más de un tercio del conjunto global de mujeres extracomunitarias en esta franja de edad que jamás han trabajado en nuestro país.
Mujeres marroquíes frente a las españolas
Estas cifras contrastan radicalmente con la tendencia observada entre los nacionales. Mientras las mujeres españolas mayores de 45 años en dicha situación han reducido su presencia en el SEPE un 29,4% gracias al esfuerzo individual y al mercado laboral, el porcentaje de extranjeros sobre el total de desempleados sin empleo anterior ha escalado del 22% al 40,5%.
Para analistas económicos y sectores conservadores, este crecimiento sin precedentes —acelerado vertiginosamente durante los últimos meses de 2026— responde a una estrategia calculada para cumplir los requisitos de antigüedad en el desempleo exigidos para el cobro de subsidios, ayudas de inserción y el Ingreso Mínimo Vital.
La falta de exigencia de reciprocidad o cotización previa convierte al sistema de protección social español en un polo de atracción inagotable que asfixia al contribuyente y penaliza la cultura del trabajo.
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