La factura silenciosa de la inmigración descontrolada de Sanchez: una responsabilidad política que el Gobierno elude

La inmigración es uno de los grandes retos estructurales de España en la última década. No se trata solo de un fenómeno social o humanitario, sino de una cuestión de gestión pública, legalidad, sostenibilidad presupuestaria y responsabilidad política. Sin embargo, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, este desafío ha sido abordado más desde la improvisación ideológica que desde una planificación seria y transparente, trasladando una enorme carga económica a las comunidades autónomas y a los contribuyentes, sin un debate real ni una rendición de cuentas adecuada.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Canarias, principal puerta de entrada de la inmigración irregular hacia España. Allí, el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados se ha visto absolutamente desbordado, obligando al Ejecutivo autonómico a destinar cientos de millones de euros anuales a una situación que no ha provocado ni puede controlar, pero que sí debe gestionar por imposición legal.

Un gasto millonario que nadie explica
Las cifras son contundentes. El coste anual de la tutela de miles de menores migrantes asciende a  33.000 euros al año  por persona, lo que se traduce en un impacto presupuestario de más de 160 millones de euros anuales solo en una comunidad autónoma. Este gasto incluye alojamiento, manutención, atención educativa, sanitaria, psicológica, personal especializado, seguridad y recursos administrativos.

El problema no es únicamente la cuantía, sino la ausencia total de una estrategia estatal clara. El Gobierno central no asume de forma directa el coste real, no refuerza los recursos de manera suficiente y, al mismo tiempo, mantiene un discurso público desconectado de la realidad presupuestaria que afrontan las regiones más afectadas.

Pedro Sánchez ha convertido la inmigración en un eslogan político, pero ha renunciado a ejercer liderazgo en su gestión, los nacionaliza y tiene comprados sus votos. No hay un plan serio de control de fronteras, no hay acuerdos eficaces de repatriación, no hay previsión presupuestaria estable y, sobre todo, no hay voluntad de reconocer que el sistema está al límite.

Solidaridad sin límites… pero con dinero ajeno
El Gobierno apela constantemente a la “solidaridad” y a los “valores europeos”, pero evita mencionar quién paga la factura, los ciudadanos con sus impuestos. Cada euro destinado a un sistema de acogida saturado es un euro que no se destina a mejorar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o el acceso a la vivienda de millones de españoles que también atraviesan dificultades.

La política migratoria del Ejecutivo se basa en externalizar el coste político y económico: las comunidades gestionan, los ayuntamientos soportan la presión social, y el Estado central mantiene un discurso moralizante desde la distancia. Esta dinámica no solo es injusta, sino profundamente irresponsable.

Además, la falta de control genera un efecto llamada evidente, alimentado por mensajes ambiguos y por la ausencia de consecuencias reales para la inmigración irregular. Mientras tanto, las mafias siguen operando con total impunidad y los flujos no dejan de crecer.

Menores, sí; descontrol, no
Criticar la gestión no implica cuestionar la protección de los menores. Al contrario: precisamente porque son menores, el Estado debería garantizar que el sistema funcione con rigor, legalidad y previsión. Lo que ocurre hoy es lo opuesto: centros saturados, recursos insuficientes, personal desbordado y una presión social creciente que acaba perjudicando tanto a los acogidos como a la población local, como se ha visto en investigaciones de este medio, mienbros socialistas habian creado ONG de inmigrantes recibiendo grandes cantidades de dinero.

El Gobierno de Sánchez ha renunciado a plantear soluciones estructurales, como:

Un reparto equilibrado y obligatorio entre comunidades.
Financiación estatal real y suficiente.
Refuerzo del control fronterizo.
Acuerdos eficaces con países de origen.
Evaluaciones transparentes del gasto y su impacto.

Nada de eso se ha hecho de forma seria. En su lugar, se opta por mirar hacia otro lado, convertir el problema en tabú político y descalificar cualquier crítica como falta de humanidad.

Una política sin cuentas ni responsabilidades
La inmigración no puede seguir siendo gestionada a golpe de titulares ni utilizada como arma ideológica. España necesita una política migratoria realista, sostenible y legal, compatible con los derechos humanos pero también con la capacidad del Estado y el respeto a los ciudadanos que sostienen el sistema con sus impuestos.

Pedro Sánchez no puede seguir eludiendo su responsabilidad. La factura ya está sobre la mesa, y la están pagando las comunidades más vulnerables, los servicios públicos y, en última instancia, los españoles. Gobernar no es solo hacer discursos; es asumir costes, tomar decisiones difíciles y rendir cuentas.

Y en materia de inmigración, esas cuentas siguen pendientes.

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