Abiertas diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por la gestión policial durante la Vuelta Ciclista

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, a raíz de la gestión del dispositivo policial desplegado durante la última etapa de la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España, celebrada el 14 de septiembre. La investigación judicial se encuentra en una fase inicial y parte de una denuncia que cuestiona la planificación y dirección del operativo de seguridad en una jornada marcada por graves altercados en la capital.

Apertura de diligencias en fase inicial
La titular del juzgado, la magistrada Luisa María Prieto Ramírez, ha acordado la incoación de diligencias tras analizar el contenido de la denuncia presentada. El procedimiento se ha iniciado de forma genérica por un presunto delito de lesiones por imprudencia, una calificación habitual en fases tempranas de este tipo de investigaciones y que no implica, por el momento, imputación formal ni atribución directa de responsabilidad penal.

Fuentes judiciales subrayan que el procedimiento se encuentra en un estado “muy embrionario”, por lo que las actuaciones se centran en recabar información, solicitar informes y esclarecer las circunstancias concretas en las que se desarrolló el dispositivo policial y los hechos posteriores.

Una jornada deportiva marcada por la tensión
La última etapa de la Vuelta Ciclista a España transcurría por distintos puntos de Madrid cuando se produjeron protestas pro-Hamás que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el operativo policial desplegado tuvo que intervenir para contener los disturbios y garantizar tanto la seguridad del evento deportivo como la de los ciudadanos.

Como consecuencia de los incidentes, 22 agentes de la Policía resultaron heridos leves. Las lesiones se produjeron durante las actuaciones para dispersar a los manifestantes y controlar una situación que fue escalando en tensión a lo largo de la jornada.

Identificaciones y antecedentes de los participantes
Durante el desarrollo de los disturbios, la Policía identificó a un total de 97 personas. De ellas, cuatro contaban con antecedentes por delitos relacionados con desórdenes públicos. La investigación policial también señala que uno de los principales instigadores de las protestas sería un exmiembro de la organización terrorista ETA, condenado en su día por dos delitos.

Además, al menos otras siete personas identificadas acumulaban antecedentes por delincuencia común. Estos datos forman parte de los informes policiales que ahora podrían incorporarse a las diligencias judiciales para contextualizar el perfil de los participantes y el grado de violencia de los altercados.

El foco en la gestión del dispositivo policial
La denuncia que ha dado origen a la apertura de diligencias no se centra en la actuación individual de los agentes sobre el terreno, sino en la gestión global del dispositivo policial, cuya responsabilidad última recae en la Delegación del Gobierno. En este sentido, la investigación busca determinar si la planificación, coordinación y dimensionamiento del operativo fueron adecuados para el riesgo existente o si pudieron producirse deficiencias que contribuyeran a las lesiones sufridas por los agentes.

El delito de lesiones por imprudencia apunta, en este contexto, a una posible falta de diligencia en la adopción de medidas preventivas, aunque será la investigación judicial la que determine si existen indicios suficientes para avanzar en esa línea.

Un proceso judicial en desarrollo
La apertura de diligencias no supone una conclusión sobre los hechos ni un juicio de culpabilidad. Se trata de un paso previo destinado a esclarecer lo ocurrido, analizar responsabilidades y decidir si procede archivar la causa o continuar con actuaciones más avanzadas.

En las próximas semanas, el juzgado podría solicitar nuevos informes policiales, documentación administrativa relacionada con el dispositivo de seguridad o incluso tomar declaración a responsables implicados en la organización del operativo, siempre en función de la evolución de la investigación.

Contexto político y judicial
El caso se produce en un contexto de creciente tensión política en torno a la seguridad ciudadana y la gestión del orden público en grandes eventos. La combinación de una cita deportiva de alcance nacional con protestas de carácter político y la presencia de individuos con antecedentes penales ha reavivado el debate sobre la anticipación de riesgos y la respuesta institucional ante escenarios complejos.

Mientras tanto, la Delegación del Gobierno mantiene que el dispositivo actuó conforme a los protocolos establecidos, a la espera de que la investigación judicial determine si existió o no alguna actuación imprudente en su diseño o ejecución.

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