El gobierno legaliza la okupación y la inquiokupación
En plena temporada navideña, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley que prorroga hasta finales de 2026 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, una medida que incluye no solo a inquilinos con contratos de alquiler, sino también a casos de ocupación sin título habilitante –lo que comúnmente se conoce como «okupación»–.
Esta decisión, que se ha tomado con «nocturnidad y alevosía» en vísperas de Navidad, se nos está vendiendo como protección social necesaria, pero no es más que una legalización de facto de la okupación en España.
El Real Decreto-ley 16/2025, aprobado el 23 de diciembre en Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente, extiende la moratoria antidesahucios que originalmente se implementó durante la pandemia de COVID-19.
Según el texto oficial, la suspensión aplica a procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad económica y social, definidas por umbrales de ingresos bajos (como hogares que cobren hasta 1.800 euros o 2.200 con un hijo, según algunas interpretaciones), presencia de menores, dependientes o víctimas de violencia de género.
Lo más controvertido es su alcance: no se limita a arrendatarios legales, sino que abarca «casos de ocupación sin título» en procedimientos civiles y penales. Esto significa que, si un ocupante ilegal demuestra vulnerabilidad –mediante informes de servicios sociales–, el desahucio se suspende hasta que se proporcione una alternativa habitacional.
La medida excluye casos con violencia, intimidación o actividades ilícitas, y prevé compensaciones para propietarios afectados, que pueden solicitarse hasta enero de 2027.
Aunque el Gobierno lo presenta como parte de un «escudo social» para combatir la crisis habitacional, la realidad es que esto no es más que un blindaje a la okupación. Fuentes acusan al Ejecutivo de fomentar la «inquiokupación» al extender esta protección por séptima vez, convirtiendo a los dueños legítimos en «vulnerables» ante la imposibilidad de recuperar sus propiedades.
La prórroga no surgió de la nada: fue fruto de negociaciones con socios como EH Bildu, que anunciaron el acuerdo el 22 de diciembre. El Gobierno también contó con el apoyo de otros partidos de investidura, como Junts, que inicialmente fue un «escollo» pero finalmente permitió la aprobación. Incluida en un «megadecreto» que abarca desde la revalorización de pensiones hasta medidas tributarias, la moratoria se integró en un paquete social amplio, lo que no es más que una forma de diluir su impacto mediático.
Lo que más ha llamado la atención es el momento elegido: el 23 de diciembre, justo antes de Nochebuena, en plenas fiestas navideñas. Críticos como las víctimas de okupación agrupadas en plataformas han estallado, calificando la decisión de «escándalo» y acusando al Gobierno de actuar con premeditación para minimizar el escrutinio público durante las vacaciones. «Nos llaman fango», refiriéndose a cómo el Ejecutivo invisibiliza su situación mientras prorroga medidas que, en la práctica, dificultan los desalojos.
Esta no es la primera extensión. El decreto antidesahucios se remonta a 2020, con prórrogas anuales que han suspendido miles de lanzamientos –más de 58.000 según estimaciones oficiales–. En mayo de 2024, se prorrogó hasta 2028 para ejecuciones hipotecarias, pero la actual ampliación se centra en alquileres y ocupaciones. Modificaciones previas, como las de enero de 2021, ya incluían protecciones para okupas vulnerables sin violencia.
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