La justicia abre diligencias a un policía por coaccionar a un grupo provida que rezaba ante el abortorio
La justicia investiga coacciones policiales a provida tras abrir diligencias contra un agente que actuó contra un grupo que rezaba pacíficamente ante el abortorio Dator.
Rezar ante un abortorio bajo coacciones policiales
Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2024, Día de los Santos Inocentes. Un grupo provida rezaba el rosario en la vía pública ante el centro de abortos Dator, en Madrid.
La escena resulta habitual. Cada año, fieles se concentran para rezar de forma pacífica. No provocan altercados ni bloquean accesos. No infringen la ley.
Sin embargo, ese día la actuación policial cambió el escenario. El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid abrió diligencias penales contra un agente de la Policía Nacional. La denuncia partió de Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos. El juzgado investiga un presunto delito de coacciones.
La justicia investiga coacciones policiales a provida por una actuación que, según la denuncia, resultó selectiva y discriminatoria.
Empujones, identificaciones y trato desigual
El agente centró su intervención en quienes rezaban y portaban un rosario. No actuó contra otras personas que se encontraban a pocos metros mientras realizaban acciones violentas.
Durante la intervención, varias personas sufrieron empujones y zarandeos. El agente identificó de forma indiscriminada a los presentes. Los obligó a cambiar de lugar pese a no cometer infracción alguna. Nadie alteró el orden público. Nadie desobedeció indicaciones legales previas.
Mientras tanto, otras personas realizaban pintadas y dañaban mobiliario urbano cercano. El agente no intervino contra ellos.
Este doble rasero refuerza la gravedad de los hechos.
Libertad religiosa bajo presión institucional
Abogados Cristianos sostiene que la actuación buscó intimidar. El objetivo habría sido impedir el ejercicio de la libertad religiosa en la vía pública. Rezar no constituye delito. La Constitución protege la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas amparan el rezo pacífico.
La organización denuncia una estrategia sostenida contra el movimiento provida. Sanciones, identificaciones y presión policial se repiten en distintos puntos de España. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, aparece señalado por permitir este clima de hostigamiento ideológico.
Todo ello en un contexto político donde el aborto recibe protección institucional y el rezo recibe persecución.
Un caso que no resulta aislado
Abogados Cristianos advierte que estos hechos no representan un episodio puntual. Responden a una línea política clara.El Gobierno tolera ataques al mobiliario urbano. Sin embargo, reprime gestos pacíficos de fe y defensa de la vida.
Esta deriva preocupa a miles de creyentes. La democracia no puede castigar la oración mientras mira hacia otro lado ante el vandalismo. La presidenta de Abogados Cristianos lo expresó con claridad:
“el Gobierno y Marlaska quieren meter miedo para que no se rece en la calle, pero rezar no es delito, es un derecho fundamental. No nos vamos a doblegar y vamos a defender en los tribunales a todos los que sean perseguidos por rezar”.
El Estado no puede actuar como brazo ideológico contra los creyentes.
Estado de derecho o represión ideológica
Este caso interpela al Estado de derecho. La policía debe garantizar libertades, no restringirlas por motivos ideológicos. La ley protege la convivencia. No legitima la persecución de quienes rezan en silencio.
Cuando un agente actúa de forma selectiva, la democracia se debilita. Cuando un juez investiga, la justicia recupera su función. España no puede normalizar la criminalización del rezo. La fe no constituye provocación. La oración no amenaza a nadie.
Este proceso judicial marca un precedente importante. Protege derechos fundamentales frente a abusos de poder. Los católicos y provida no deben esconderse. Rezar en público forma parte de la libertad religiosa.
La justicia debe actuar con firmeza. El Gobierno debe respetar la pluralidad. La policía debe servir a todos los ciudadanos.
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