Ana Pardo de Vera, directora de Público, imputada por llamar «gorila» a Bertrand Ndongo
Un juzgado ha imputado a la comunicadora y colaboradora afín al PSOE, Ana Pardo de Vera, hermana de la imputada en el caso koldo, por un presunto delito de odio y coacciones, tras un incidente ocurrido con el reportero Bertrand Ndongo, a quien habría insultado llamándole «gorila» y arrojado su micrófono al suelo durante una cobertura informativa en la vía pública.
Los hechos se produjeron cuando Ndongo se encontraba realizando su labor periodística. Según consta en la denuncia y en las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales, Ana Pardo se habría dirigido al reportero con expresiones de carácter despectivo, culminando el altercado con el lanzamiento del micrófono, lo que motivó la intervención judicial.
El juzgado aprecia indicios suficientes para la imputación
Fuentes jurídicas señalan que el juez instructor ha apreciado indicios suficientes como para citar a Ana Pardo en calidad de investigada (imputada).
La causa se centra en determinar si las expresiones empleadas —en particular el término «gorila»— y la conducta posterior pudieron constituir un insulto de carácter vejatorio, así como una posible agresión simbólica o intimidatoria contra un profesional de la comunicación en el ejercicio de su trabajo.
Denuncia por ataque a la libertad de prensa
Desde el entorno de Bertrand Ndongo se subraya que el incidente supone un ataque directo a la libertad de prensa, recordando que el periodista se encontraba debidamente acreditado y desarrollando una cobertura informativa de interés público.
Organizaciones y profesionales del sector han alertado de la normalización de agresiones verbales y físicas contra periodistas en función de su línea editorial o afinidad ideológica, reclamando igual protección legal para todos los informadores.
Silencio de la imputada
Hasta el momento, Ana Pardo no ha emitido un comunicado oficial aclarando su versión de los hechos ni valorando la imputación. Tampoco consta una reacción pública por parte de su entorno profesional o político.
El procedimiento judicial continúa su curso y será el tribunal quien determine, en su caso, si los hechos son constitutivos de delito.
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