El Gobierno adjudicó la vía del accidente mortal a una empresa ya señalada por la UCO y vinculada a la trama de Koldo
Una de las empresas elegidas por Adif, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, fue Azvi, una constructora que vuelve a situarse en el centro del foco tras el accidente registrado ayer martes en una vía de Rodalies, donde al menos una persona ha perdido la vida y varias han resultado gravemente heridas, según han confirmado los Mossos d’Esquadra.
El siniestro se ha producido en un tramo cuya gestión y mantenimiento forma parte de los contratos adjudicados por el gestor ferroviario a una unión temporal de empresas en la que figura Azvi. La coincidencia ha reavivado las críticas sobre el modelo de conservación de la red ferroviaria catalana y sobre la continuidad de determinadas compañías en contratos sensibles pese a los antecedentes acumulados en los últimos años.
Según fuentes policiales, además del fallecido, hay al menos cuatro heridos críticos, dos de ellos en la cabina y otros dos en el primer vagón, así como una docena larga de pasajeros evacuados sin lesiones graves en la zona de las cavas Torelló, donde se produjo el impacto.
El accidente no ha tardado en conectarse con una cadena de episodios previos que cuestionan el estado real de la infraestructura. Uno de los más recordados tuvo lugar en noviembre de 2018 en Vacarisses, cuando el derrumbe de un muro de mampostería de más de un siglo de antigüedad sepultó la vía y provocó la muerte de un pasajero y casi medio centenar de heridos. Entonces, la dirección de Adif —con Ana Pardo de Vera como presidenta— aseguró que ese punto estaba sometido a vigilancia y que no se habían detectado señales previas de riesgo.
Sin embargo, posteriormente salió a la luz un vídeo grabado días antes por un maquinista en el que se apreciaba una fuerte filtración de agua en la ladera que acabó colapsando. Aquella grabación, según denuncias sindicales, fue comunicada sin que se adoptaran medidas inmediatas.
Tras aquel siniestro se anunciaron inversiones de emergencia por varios millones de euros, con actuaciones como instalación de mallas, drenajes y refuerzos estructurales, además de planes de control más estrictos. Pese a ello, en marzo de 2024 se produjo otro descarrilamiento en la misma zona de Vacarisses, a escasos kilómetros del accidente mortal, nuevamente por desprendimientos de rocas, aunque sin víctimas mortales.
En 2021, la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la investigación sobre el accidente de 2018 y apuntó directamente a carencias en el mantenimiento, señalando déficits en los planes de inspección, una vigilancia insuficiente y la falta de activación de protocolos durante episodios de lluvias intensas.
Este historial ha vuelto a cobrar relevancia tras conocerse que Azvi también figuraba en la UTE responsable del mantenimiento de Rodalies en el noreste de Cataluña entre 2021 y 2024, junto a otras grandes constructoras, por un importe de más de 60 millones de euros. La nueva adjudicación para el periodo 2025 mantiene una estructura empresarial similar y un presupuesto prácticamente idéntico.
El alcance de estos contratos incluye precisamente la conservación de muros de contención, taludes, trincheras, túneles y sistemas de drenaje, es decir, los elementos que han fallado en varios de los accidentes registrados en la última década, tanto en Vacarisses como ahora en Gelida.
Desde el sector se recuerda, no obstante, que las UTE adjudicatarias no deciden por sí mismas dónde actuar, sino que ejecutan encargos concretos realizados por técnicos de Adif, que determinan qué puntos deben intervenirse y con qué alcance. Es decir, la responsabilidad última sobre qué se revisa y qué se deja sin actuar recae en el gestor público.
A este contexto se suma que Azvi ha sido mencionada en investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por presuntos casos de corrupción relacionados con contratos públicos, además de haber tenido como trabajador a Koldo García, figura central en otra investigación judicial por presuntas irregularidades en adjudicaciones.
La concatenación de accidentes, advertencias previas ignoradas, resoluciones judiciales y la persistencia de las mismas empresas en contratos estratégicos ha reabierto el debate sobre si el problema de fondo es técnico, político o estructural. Una experta entrevistada recientemente en COPE, tras el anuncio del Gobierno catalán sobre una futura empresa mixta para gestionar Rodalies, lo resumía así: el déficit de mantenimiento acumulado no se corrige en poco tiempo ni con un simple cambio de modelo.
Mientras tanto, crece la presión social y política para depurar responsabilidades. No sólo por lo ocurrido hoy, sino por una sensación cada vez más extendida de que la red ferroviaria arrastra problemas crónicos que se abordan tarde y de forma reactiva, solo después de que se produzcan víctimas.
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