Sánchez planta a los eurodiputados que vienen a investigar el Estado de derecho y RTVE
La decisión de Pedro Sánchez de no recibir personalmente a la delegación de la Comisión LIBE no es un simple desencuentro de agenda. Es un gesto político grave. Y lo es porque se produce en un momento en el que la calidad democrática en España está siendo objeto de debate dentro y fuera del país.
Cuando una misión del Parlamento Europeo acude a analizar el estado de derecho, la independencia judicial y la situación de los medios públicos, el presidente del Gobierno no debería esconderse tras compromisos protocolarios. Debería estar el primero en la sala.
No fue así.
Tampoco el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, asumió el encuentro personalmente. Delegó. El mensaje es inequívoco: el Gobierno minimiza el examen europeo. Y en política, los gestos importan tanto como las leyes.
La huida como síntoma
El Ejecutivo argumenta que el presidente tenía previsto un viaje oficial a India. Formalmente, cierto. Políticamente, insuficiente.
La petición de reunión no llegó de improviso. La agenda de un jefe del Ejecutivo puede adaptarse cuando lo que está en juego es la reputación democrática del país. Si no se hace, la conclusión es inevitable: no se quiso hacer.
Y cuando quien evita el encuentro es el máximo responsable del poder ejecutivo, la pregunta surge sola: ¿qué incomoda del diálogo directo con los eurodiputados?
El contexto que el Gobierno prefiere obviar
España no está bajo un procedimiento de sanción como otros países europeos. Pero sí acumula advertencias y recomendaciones. La propia Comisión Europea ha insistido reiteradamente en la necesidad de desbloquear y despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva años convertida en un pulso partidista. Las reformas legales impulsadas desde el Ejecutivo han sido interpretadas por amplios sectores jurídicos como intentos de alterar equilibrios institucionales en momentos de debilidad parlamentaria.
El Gobierno sostiene que actúa dentro de la legalidad. Es probable. Pero la democracia no es solo legalidad formal; es cultura institucional, separación de poderes y respeto a los contrapesos.
Cuando el poder ejecutivo concentra influencia sobre órganos que deben ser independientes, la preocupación no es ideológica: es estructural.
RTVE: el control del relato
Uno de los focos de interés de la misión europea es RTVE. No por casualidad.
El ente público debería representar pluralidad y neutralidad. Sin embargo, la percepción de alineamiento político ha crecido en los últimos años. Cambios en la dirección, decisiones editoriales controvertidas y tensiones internas han alimentado la sospecha de que el Gobierno considera la radiotelevisión pública un instrumento estratégico.
En una democracia madura, los medios públicos no están al servicio del Ejecutivo de turno. Están al servicio de los ciudadanos. Si Europa pregunta por su independencia y la respuesta es la evasiva institucional, la sospecha se agrava.
El papel del PSOE y la mayoría parlamentaria
El PSOE defiende que cada reforma ha sido avalada por el Parlamento. Es cierto: las leyes se han aprobado conforme a los procedimientos establecidos.
Pero la democracia no se agota en contar votos. Existen materias —como la arquitectura judicial o los organismos reguladores— que exigen consensos amplios precisamente para evitar la captura partidista.
Cuando una mayoría coyuntural se utiliza para modificar estructuras permanentes, la legalidad puede mantenerse intacta mientras la confianza institucional se erosiona.
El deterioro silencioso
Las democracias no se rompen de golpe. Se deterioran por acumulación de decisiones que, aisladas, pueden parecer menores. Se degradan cuando el poder se acostumbra a gobernar sin escuchar, cuando el escrutinio se percibe como hostilidad y cuando la crítica se descalifica como conspiración.
Evitar el encuentro con la Comisión LIBE no convierte a España en un régimen autoritario. Pero sí transmite una idea preocupante: que el Gobierno se siente incómodo ante la fiscalización externa.
Y cuando el poder se incomoda ante el control, la alerta democrática debe activarse.
La contradicción internacional
Pedro Sánchez ha construido su perfil europeo reivindicando el compromiso con los valores comunitarios y el estado de derecho frente a los populismos iliberales. Precisamente por eso, el desplante resulta contradictorio.
La coherencia exigía comparecer, responder preguntas y demostrar, con hechos, la fortaleza institucional del país. No delegar. No posponer. No esquivar.
Porque quien está seguro de la solidez democrática de su Gobierno no teme una conversación con representantes del Parlamento Europeo.
Una cuestión de responsabilidad histórica
España sigue siendo una democracia, pero con Sanchez la democracia esta en peligro. Pero ninguna democracia es inmune al desgaste cuando el Ejecutivo amplía su influencia y reduce espacios de consenso.
El episodio no es anecdótico. Es simbólico. Refleja una forma de ejercer el poder: centralizada, defensiva frente al control y cada vez más acostumbrada a gobernar en la tensión permanente.
La pregunta no es si España ha dejado de ser una democracia. La pregunta es si está mejorando su calidad institucional o si, por el contrario, está normalizando prácticas que la debilitan.
Cuando el presidente del Gobierno decide no dar explicaciones ante quienes evalúan el estado de derecho, el problema ya no es Bruselas. El problema es la señal que se envía a los ciudadanos: que el poder, cuando es examinado, prefiere apartar la mirada.
Y una democracia fuerte no se construye apartando la mirada. Se construye enfrentando el espejo.
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