Conde-Pumpido busca legalizar el abuso del Ejecutivo: permitir que Sánchez gobierne sin Presupuestos
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra en el centro de una polémica que cuestiona la integridad del sistema constitucional español. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos, Conde-Pumpido estudia fórmulas jurídicas para legitimar lo que claramente vulnera la Constitución.
Este no es un caso aislado. En el pasado, el propio Sánchez había calificado como inconstitucional la Ley de Amnistía, pero cuando necesitó los votos de los partidos independentistas para su aprobación, Conde-Pumpido respaldó la norma, convirtiendo en legal algo que el propio Ejecutivo había reconocido como contrario a la Constitución.
Esta actuación ha generado críticas sobre la parcialidad del presidente del TC y sobre su tendencia a blanquear decisiones del Ejecutivo que erosionan el control parlamentario.
El pleno del tribunal admitió a trámite el conflicto planteado por el Senado de España, en el que se acusa al Gobierno de vulnerar los artículos 99, 23 y 134 de la Constitución. Fuentes cercanas señalan que Conde-Pumpido busca un dictamen que permita “sancionar simbólicamente” al Ejecutivo, pero al mismo tiempo dar cobertura legal a la omisión flagrante de su deber constitucional de presentar nuevos presupuestos.
El Senado denuncia que la prórroga indefinida de las cuentas públicas constituye un fraude a la Constitución, al impedir que las Cortes ejerzan su función legislativa y de control sobre el gasto.
La eventual decisión del TC de avalar que el Gobierno siga gobernando sin nuevos presupuestos consolidaría un precedente peligroso: un Ejecutivo que actúa al margen de la Constitución mientras el máximo órgano de garantías interpreta la ley a favor del poder en lugar de protegerla.
El fallo definitivo deberá abordar tres cuestiones esenciales: declarar si el Gobierno ha incumplido su obligación constitucional, determinar la validez de las prórrogas y fijar un plazo para la presentación de los presupuestos de 2026.
La forma en que se resuelva marcará un hito sobre la capacidad del Tribunal Constitucional para legitimar lo que la Constitución prohíbe, y sobre la línea que separa el cumplimiento de la ley de la complacencia con el poder.
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