Víctimas de la DANA señalan directamente al marido de la jueza por intervenir en sus testimonios
Por primera vez, dos víctimas de la DANA han afirmado públicamente que durante sus declaraciones como testigos en el procedimiento judicial no solo estuvo presente la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, sino también otra persona que, según su testimonio, participó activamente en el interrogatorio, el marido de la jueza.
Las declaraciones se produjeron este domingo durante una concentración celebrada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, convocada por asociaciones de afectados.
En un ambiente marcado por la expectación y ante cientos de asistentes —además de numerosos espectadores que seguían el acto por retransmisión en directo—, las víctimas, identificadas como Mery y Débora, respondieron a las preguntas formuladas por el abogado Rubén Gisbert, quien representa a varios damnificados en la causa.
El letrado planteó una cuestión directa: si el día de sus declaraciones, junto a la jueza, se encontraba una segunda persona interviniendo en la testifical. Ambas mujeres respondieron de manera clara y sin titubeos. Primero fue Mery quien confirmó la presencia de ese individuo, señalando que no solo estaba presente, sino que también realizaba preguntas. Posteriormente, Débora corroboró esta versión, asegurando igualmente que esa persona participó en el desarrollo de su declaración.
Según lo expuesto, esa figura correspondería a Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada instructora. De acuerdo con lo denunciado por varias víctimas, su intervención no se habría limitado a una mera presencia pasiva, sino que habría tenido un papel activo durante las comparecencias.
Las afirmaciones realizadas en este contexto público han provocado una fuerte reacción entre los asistentes, que interpretan estos hechos como una posible injerencia en el proceso judicial. Durante su intervención, Rubén Gisbert insistió en que el objetivo de las víctimas es esclarecer lo ocurrido, garantizar que no se repitan situaciones similares y que, en caso de confirmarse irregularidades, se asuman las responsabilidades correspondientes.
Este episodio se produce tras varios movimientos previos por parte de afectados personados en la causa. El pasado mes de febrero, un grupo de víctimas solicitó formalmente la recusación de Nuria Ruiz Tobarra, alegando precisamente la posible participación de su marido en diligencias judiciales. Asimismo, se interpuso una querella por estos hechos ante el Tribunal Superior valenciano, aunque esta no fue admitida a trámite.
Las recientes declaraciones de Mery y Débora han reavivado el debate en torno a la transparencia del procedimiento. Para quienes cuestionan la instrucción, estos testimonios suponen un elemento relevante que podría justificar la reapertura del asunto o, al menos, una revisión más exhaustiva de lo sucedido durante las declaraciones.
En el transcurso de la concentración también tomaron la palabra otros afectados, como Juanjo, quien expresó públicamente la preocupación compartida por numerosas familias. En sus palabras, los damnificados buscan claridad, respuestas y garantías de que el proceso judicial se está desarrollando con plena imparcialidad.
La movilización estuvo acompañada de pancartas y consignas críticas, en las que se reflejaba el malestar de los asistentes y su desconfianza hacia el desarrollo de la causa. El tono general fue reivindicativo, centrado en la exigencia de una investigación transparente y en la defensa del derecho a un proceso justo.
El caso, vinculado a las consecuencias de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, sigue generando una notable repercusión social. La implicación de las víctimas y su persistencia en la búsqueda de explicaciones evidencian la importancia que otorgan a que se esclarezcan completamente los hechos.
A partir de este momento, queda por determinar si estas manifestaciones tendrán continuidad en sede judicial y si darán lugar a nuevas actuaciones dentro del procedimiento. Mientras tanto, la controversia continúa abierta y mantiene la atención tanto de los afectados como de la opinión pública.
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