Bolaños lleva a los tribunales a Aldama

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha interpuesto una demanda contra el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', por una supuesta vulneración del derecho al honor. La acción judicial se debe a las afirmaciones realizadas por Aldama en medios y redes sociales donde asegura haber sido contactado para recibir un soborno y "comprar su silencio".

La demanda fue presentada el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según adelantó 'Eldiario.es', medio del gobierno. Esta acción legal surge tras la declaración de Aldama en el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, donde implicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" dentro de una organización criminal con jerarquías, pero no mencionó a Bolaños.

En el documento legal, el ministro Félix Bolaños solicita que se condene a Aldama por las "falsedades" divulgadas sin ningún respaldo probatorio y con un claro propósito malintencionado, intentando implicarle en actividades con las que no mantiene vínculo alguno. Asimismo, destaca que nunca ha mantenido contacto ni relación personal con el empresario demandado ni con su equipo de comunicación.

El titular de Justicia insiste en que como única prueba aportada por Aldama para justificar sus acusaciones, solo figura una fotografía tomada en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos, lo que considera insuficiente y carente de relevancia.

Reclamaciones y peticiones en la demanda

Además de exigir la condena por la difusión de noticias falsas, Bolaños reclama que Víctor de Aldama se abstenga de realizar nuevas declaraciones similares en cualquier medio de comunicación, plataformas digitales o redes sociales. En concreto, demanda la publicación del fallo de la sentencia en la red social 'X'.

Por último, el ministro solicita una indemnización de 70.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados, junto con los intereses legales que correspondan. Este importe se suma a las medidas para salvaguardar su derecho al honor frente a acusaciones infundadas que afectan su imagen pública.

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