El auto judicial desvela que la fontanera del PSOE, Leire Díez, pactó un sueldo en ‘B’ de 4.000 euros mensuales a cambio de desactivar las investigaciones por corrupción contra Pedro Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dedicada a torpedear procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno y los pagos que desde la gerencia del partido socialista se habrían realizado para ellos.

El magistrado ha descubierto hechos nuevos a raíz de la investigación abierta a la llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, quien fue detenida en diciembre en una operación sobre el presunto cobro de mordidas, según fuentes jurídicas. 

Sin embargo, del análisis de la documentación intervenida han aparecido nuevos datos, lo que ha impulsado a Pedraz a  ordenar a la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno”.

El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante socialista  Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo -que ejerce la defensa de Cerdán- y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Igualmente, el instructor ve indicios de responsabilidad penal de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes, al menos como cómplice y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de “facturas mendaces”.

Respecto del presidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el diputado socialista Juan Francisco Serrano Martínez -hombre próximo a Cerdán-, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados” en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”. No obstante, considera  que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El magistrado argumenta que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

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