La UCO sitúa a la Fiscalía de García Ortiz como pieza clave en la trama de Leire Díez para influir en causas sensibles
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Álvaro García Ortiz, fue un “elemento fundamental” para la presunta red de influencias dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez, según el sumario del conocido como caso cloacas del PSOE.
Los investigadores sostienen que la capacidad de la trama para acceder a la Fiscalía e incluso al propio fiscal general otorgaba a la organización una ventaja estratégica para proteger intereses políticos y personales.
El análisis de los mensajes incautados a Leire Díez durante los registros de diciembre de 2025 muestra que la primera referencia a la Fiscalía aparece en febrero de 2025, cuando la fontanera comunica al abogado del excomisario Villarejo, Antonio Cabrera, que “te va a recibir el FGE”. En otro intercambio, Díez avisa al letrado Jacobo Teijelo, también investigado, de que recibirá una llamada de la Fiscalía General y que ella misma acudirá a la reunión.
App Waze en el móvil de Leire Díez
Los agentes destacan además una localización registrada por la aplicación Waze en el móvil de Leire Díez, que la sitúa en marzo de 2025 frente a la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid. Tras ese encuentro, la investigada informó a su amigo íntimo y expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, de que la reunión podría hacer que “el presidente directamente me adore”.
A por José Grinda
El sumario también recoge un episodio especialmente grave: Díez habría ofrecido dinero y un futuro puesto al fiscal anticorrupción José Grinda a cambio de información comprometedora sobre su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, y de la retirada de acusaciones en varias causas. La UCO subraya que Grinda era un “objetivo en sí mismo”, tanto por su capacidad para archivar procedimientos como por su acceso a información sensible.
El juez Santiago Pedraz investiga hasta nueve delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Según el magistrado, la red habría contado con soporte económico y estructural del PSOE y habría estado liderada por Cerdán y Díez
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