Las cloacas del PSOE maniobraron para extorsionar al juez Marchena
La trama del PSOE liderada por Santos Cerdán y Leire Díez también habría puesto el foco en la ley de amnistía, según se desprende de un informe de la Guardia Civil de 372 páginas. El documento, elaborado por la Unidad Central Operativa, recoge varias referencias a la norma y a las supuestas gestiones realizadas por la conocida como fontanera del PSOE para obtener material comprometedor relacionado con jueces, fiscales y antiguos cargos del Ministerio del Interior.
Uno de los nombres que aparece de forma recurrente en esas diligencias es el de José Manuel Villarejo. La UCO localizó un documento Word elaborado por Leire Díez en noviembre de 2024 en el que se afirmaba que el comisario jubilado, actualmente sentado en el banquillo por el caso Kitchen, disponía de pruebas que supuestamente acreditarían la corrupción de Manuel Marchena.
Marchena presidió el tribunal del juicio del Procés y fue uno de los magistrados que cerró la puerta a aplicar la amnistía a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. En paralelo, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tampoco fueron amnistiados, en su caso por decisión del juez Pablo Llarena.
La investigación refleja que la presunta red no sólo se habría interesado por la situación judicial de dirigentes separatistas, sino también por los posibles obstáculos que el Tribunal Supremo representaba para la aplicación de la amnistía. Esa idea aparece recogida en otro documento hallado por los agentes bajo el título «Acciones Cataluña».
En ese texto, atribuido también a Leire Díez, se señalaba que uno de los principales impedimentos para culminar con éxito la amnistía era precisamente el Supremo. La hoja de ruta descrita pasaba por hacerse con documentación de Villarejo que afectara al alto tribunal, a jueces y a fiscales.
El escrito sostenía que el acuerdo con Villarejo y con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, debía ejecutarse para poder acceder a ese material. Según el documento, la red se encontraba ya en una fase avanzada de esa operación.
La UCO también encontró otro archivo, fechado en enero de 2025 y titulado «estado de situación», en el que Díez detallaba que a finales de julio de 2024 se había alcanzado un supuesto acuerdo con Villarejo. El objetivo habría sido que el excomisario entregara documentación que todavía no había salido a la luz.
Entre ese material, según el propio documento, figurarían audios y pagos que implicarían a Marchena, así como información sobre el papel del PP en la llamada policía patriótica. El texto apuntaba incluso a la antigua cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy y mencionaba a Alberto Núñez Feijoo en relación con las elecciones gallegas de 2012.
La autora del documento definía esas grabaciones pendientes de entrega como material de enorme impacto. En la interpretación de los investigadores, esas referencias muestran el interés de la presunta trama por acceder a información sensible que pudiera ser utilizada en el contexto de las causas judiciales vinculadas al Procés y a la amnistía.
El informe de la Guardia Civil incorpora además una conversación entre Leire Díez y Francisco Martínez. En ese intercambio, la fontanera del PSOE trató de convencer al antiguo número dos de Interior de que colaborara con ellos y le planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Díez le trasladó que debía elegir «el lado adecuado de la historia» y le presentó la colaboración como una forma de desenredar su situación judicial. También le recordó que, en su etapa en Interior, había personas por encima de él, en una aparente alusión a su papel subordinado dentro de la estructura ministerial.
La propuesta que puso sobre la mesa pasaba por una negociación con la Fiscalía para reducir al máximo las consecuencias penales. Según el contenido recogido por la UCO, Díez le habló de evitar la cárcel y de cerrar el procedimiento cuanto antes.
La investigada también le explicó que esa vía debía explorarse porque su caso no podía encajar dentro de la ley de amnistía. Según le dijo, los suyos habían estado estudiando cómo sacarle de la causa, pero no a través de esa norma, ya que no entraba en su ámbito de aplicación.
De esta forma, las diligencias apuntan a que la red atribuida a Santos Cerdán y Leire Díez no sólo habría actuado en causas relacionadas con el PSOE, sino que también habría intentado intervenir en el escenario judicial abierto por la amnistía, buscando material que pudiera comprometer a magistrados, fiscales y antiguos responsables políticos.
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