La UCO acorrala a Montero: tres presidentes de la Sepi imputados bajo su mando
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa el foco de sus investigaciones directamente sobre la cúpula del Ministerio de Hacienda. Los informes policiales recientes construyen una sólida argumentación que compromete de forma severa a la exministra y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
Las tesis que sostiene la UCO determinan que Montero ostenta la responsabilidad política y administrativa final en el nombramiento de los tres últimos presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, los cuales permanecen actualmente imputados en sede judicial.
Este escenario descarta por completo la teoría del hecho aislado y apunta con claridad hacia una estructura de corrupción institucionalizada bajo su directo mando. La investigación describe un sistema de designaciones en cascada donde los máximos responsables de la SEPI colocaban presuntamente a perfiles afines en las cúpulas de las empresas públicas dependientes. Estas filiales intervenían posteriormente en contratos públicos mediante supuestos pagos de comisiones ilegales, adjudicaciones amañadas y desvío sistemático de fondos estatales.
El pozo millonario de la trama SEPI supera el escándalo de los ERE
La macrocausa judicial que afecta a la SEPI destapa un volumen de irregularidades económicas sin precedentes en la historia democrática reciente. Las investigaciones judiciales, que cuentan con la colaboración estrecha de la UCO y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, cifran provisionalmente el fraude en 760 millones de euros en ayudas públicas desviadas. Este montante total supera el volumen económico sustraído en el macrocaso de los ERE en Andalucía, una circunstancia que sitúa a la gestión de María Jesús Montero en el centro del mayor escándalo financiero del país.
El dinero público procedía del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento financiero dotado inicialmente con 10.000 millones de euros para sostener el tejido empresarial durante la crisis de la pandemia.
Los investigadores sostienen que la dirección de la SEPI utilizó este fondo de rescate de forma arbitraria para beneficiar a mercantiles concretas que no cumplían en absoluto con los requisitos legales exigidos de viabilidad y carácter estratégico. El destino de estas ayudas millonarias se concentró de manera sospechosa en corporaciones como Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera y Tubos Reunidos, activando todas las alertas en los juzgados de instrucción.
Una sucesión de tres presidentes imputados evidencia una estructura criminal
La gravedad del caso radica en la continuidad de las prácticas sospechosas a lo largo de tres mandatos consecutivos, todos ellos validados por la firma de María Jesús Montero. La investigación señala que el primer eslabón de esta cadena corresponde a Vicente Fernández Guerrero, quien ocupó la presidencia de la SEPI entre los años 2018 y 2019 tras su designación directa por parte de la ministra.
Fernández Guerrero terminó detenido e investigado en el marco del denominado ‘caso Leire’, una causa penal que persigue el cobro de mordidas y el amaño de licitaciones dentro del holding público industrial.
Tras la caída del primer presidente, María Jesús Montero optó por mantener el control del organismo nombrando de forma interina a Bartolomé Lora, quien ejerció las funciones ejecutivas entre 2019 y 2021. La justicia dictó también la imputación formal de Lora al descubrir indicios sólidos de malversación, prevaricación y falta de transparencia en la tramitación exprés de los rescates financieros de la pandemia.
Lejos de corregir el rumbo del organismo público tras dos escándalos consecutivos, el Ministerio de Hacienda otorgó la presidencia en 2021 a Belén Gualda, quien actualmente también figura como investigada ante el juez por el presunto amaño de contratos y la colocación irregular de personal vinculado al partido del Gobierno. Tres designaciones consecutivas y tres imputaciones judiciales consecutivas anulan cualquier defensa basada en la mera casualidad administrativa.
El caso Forestalia y las ramificaciones de la red en las empresas filiales
La instrucción que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional avanza con rapidez hacia los beneficiarios privados de este entramado institucional. La pieza judicial conecta directamente con los responsables del caso Forestalia, provocando la imputación del expresidente de dicha corporación, Fernando Samper, junto a sus presuntos testaferros societarios, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. La documentación incautada por las fuerzas de seguridad demuestra la existencia de un canal de comunicación permanente entre los gestores del holding estatal y determinados empresarios favorecidos por las resoluciones del fondo de solvencia.
La telaraña de la corrupción institucional alcanza de igual modo a Enusa, otra de las empresas públicas estratégicas cuyo control mayoritario ejerce la SEPI con un sesenta por ciento de las acciones. La UCO subraya en sus informes que la junta general de accionistas de Enusa obedece de forma estricta las directrices políticas emanadas desde el Ministerio de Hacienda.
Bajo esta subordinación directa, Vicente Fernández propuso en su día el nombramiento de José Vicente Berlanga como presidente de Enusa, periodo en el que la Guardia Civil ya detecta contratos sumamente sospechosos con la constructora Acciona. Actualmente, la presidencia de Enusa permanece en manos de Mariano Moreno Pavón, quien ejerció previamente como gerente federal del propio PSOE, confirmando el uso de la corporación como agencia de colocación partidista.
El colapso político de un ministerio bajo el cerco de la Audiencia Nacional
Los datos recabados por las acusaciones particulares y las fuentes jurídicas personadas en la Audiencia Nacional auguran un crecimiento exponencial del proceso durante las próximas semanas. Los investigadores judiciales calculan que el volumen total de implicados superará holgadamente el centenar de personas entre testigos y nuevos imputados, quienes comparecerán de forma progresiva ante el despacho del magistrado Santiago Pedraz.
La instrucción del caso se encuentra todavía en una fase incipiente, lo que anticipa la aparición de nuevas ramificaciones financieras que comprometerán aún más la posición de la ministra de Hacienda.
La defensa política de María Jesús Montero se desmorona ante la contundencia de los informes policiales de la UCO. La responsabilidad de un ministro de Hacienda no concluye con la firma del real decreto de nombramiento, sino que exige la vigilancia rigurosa del destino del dinero de los contribuyentes.
La existencia de una terna consecutiva de presidentes de la SEPI investigados por corrupción destruye cualquier presunción de inocencia respecto a la gestión del holding público, transformando el Ministerio de Hacienda en el epicentro de una presunta trama criminal perfectamente organizada para el saqueo de los fondos del Estado.
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