Imputan por prevaricación al delegado del Gobierno en Ceuta por no reaccionar a los avisos del CNI que podían haber evitado la avalancha
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias por su actuación ante la invasión de Marruecos registrada el pasado 30 de julio.
La denuncia sostiene que Pérez Triano podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación omisiva al no haber adoptado, según el sindicato, las medidas necesarias para impedir la pese a haber sido advertido previamente de la posibilidad de que se produjera.
La denuncia apunta al CNI
Uno de los principales argumentos de Manos Limpias se basa en las declaraciones realizadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el 25 de agosto.
Manos Limpias sostiene que esa información obligaba a adoptar medidas preventivas y considera que la falta de actuación podría tener relevancia penal. El sindicato encuadra inicialmente los hechos dentro de posibles delitos relacionados con la independencia y la seguridad del Estado.
En su escrito, el sindicato atribuye a la falta de actuación del delegado consecuencias como fallecimientos durante los intentos de entrada, daños materiales, alteraciones de la actividad económica y otros incidentes. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser contrastadas durante la investigación judicial.
Miguel Ángel Pérez Triano ha asegurado que desconoce el contenido concreto de la denuncia, aunque considera que la apertura de diligencias puede servir para acreditar el trabajo realizado por la Delegación del Gobierno antes, durante y después de los acontecimientos.
El delegado ha negado expresamente haber recibido información que permitiera anticipar el escenario que finalmente se produjo.
Pérez Triano ha defendido así la actuación de la Delegación del Gobierno y ha insistido en que llevaba trabajando sobre la situación migratoria de la ciudad desde antes del 30 de julio.
Refuerzos y gestión de la crisis
El delegado ha explicado que, durante las semanas posteriores, su actividad se centró en buscar espacios para atender a las personas que habían llegado a la ciudad, retirar de determinadas zonas a quienes generaban mayor tensión y solicitar refuerzos destinados a reforzar la seguridad fronteriza.
Su actuación ha sido objeto de críticas políticas y sociales en las últimas semanas, con peticiones públicas de dimisión.
Pérez Triano ha señalado que respeta tanto a quienes reclaman su salida como a quienes respaldan su continuidad, pero ha defendido que cualquier crítica debe estar sustentada en hechos.
"Yo personalmente, desde el primer minuto, no desde el día 30, sino desde mucho antes, estaba trabajando por la realidad migratoria que nos estábamos encontrando", manifestó.
El delegado también ha afirmado que su dedicación a la gestión de la crisis le ha llevado a reducir prácticamente al mínimo el contacto con su familia y ha denunciado haber recibido insultos y amenazas, que considera otra forma de violencia.
La investigación deberá determinar qué información recibió el delegado
La apertura de diligencias no implica que Pérez Triano haya sido declarado responsable de ningún delito. La investigación judicial deberá determinar, entre otras cuestiones, qué información recibieron las autoridades españolas antes del 30 de julio, cuándo la recibieron y qué medidas se adoptaron a partir de esas advertencias.
Uno de los puntos centrales será esclarecer si las alertas de los servicios de inteligencia tenían el grado de concreción suficiente para permitir anticipar la magnitud y las características de la entrada masiva y si, en consecuencia, existió alguna omisión penalmente relevante por parte de la Delegación del Gobierno.
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