El Supremo abre una investigación para determinar si el Gobierno fue avisado antes de la invasión de Ceuta
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contra el Gobierno de España por la invasión de Ceuta y ha exigido a Presidencia que entregue en cinco días toda la documentación sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio. La Sala Tercera investiga si el Ejecutivo de Pedro Sánchez conocía con antelación el riesgo de una entrada masiva de inmigrantes y decidió no actuar, así como si ocultó a la población informes de inteligencia esenciales para su seguridad.
El alto tribunal ha abierto además una pieza separada para resolver con carácter urgentísimo si se blindan esos documentos ante el riesgo de que sean destruidos. Así consta en una resolución judicial fechada el 4 de septiembre.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso para la protección de los derechos fundamentales contra la Administración General del Estado por la omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas en Ceuta y por la ocultación de información de inteligencia esencial para la seguridad de la población que hizo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Los denunciantes de la asociación Zeolandia consideran que «la actuación del Gobierno de la Nación, al ignorar las alertas de los servicios de inteligencia, omitir el refuerzo fronterizo y ocultar deliberadamente la verdad de los hechos a la población de Ceuta, desplazando la responsabilidad a la interpretación que las ‘mafias’ de seres humanos realizaron supuestamente de una sentencia del Tribunal Supremo, constituye una vía de hecho por omisión de sus deberes de protección y una vulneración flagrante de los derechos colectivos a la verdad y acceso a la información».
Para los denunciantes, «se ha silenciado deliberadamente la participación activa o pasiva de las autoridades de Marruecos en la organización de la marcha, tal como denunció el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. La declaración del presidente de España no se ajusta a la verdad y supone una vulneración de la doctrina del TEDH con relación al derecho de los pueblos a conocer la verdad y tener acceso a la información».
Los jueces del Supremo han considerado que deben investigar el asunto y han designado como ponente a la magistrada María Alicia Millán, que tendrá que estudiar si existen responsabilidades civiles o no en el Gobierno por su actuación en Ceuta.
Piden información a Presidencia
La Sala Tercera ha pedido a Presidencia del Gobierno que, en el plazo de cinco días, aporte los expedientes solicitados por los denunciantes. La asociación ha pedido que se entreguen todos los informes, notas, comunicaciones, documentos policiales o informes de inteligencia en los que se alertaba de la invasión.
También solicitan qué información oficial se había puesto a disposición del presidente del Gobierno en el momento de efectuar las declaraciones públicas sobre lo ocurrido en Ceuta. De este modo, se abre la vía judicial para conocer todo lo que ha ocurrido en Ceuta.
Los denunciantes también han solicitado en su recurso que se tomen medidas cautelarísimas como que no se destruyan los informes y documentos elaborados o recopilados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), así como de los Servicios de Información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) con relación a los riesgos de invasión migratoria en Ceuta y Melilla. El Tribunal Supremo ha abierto una pieza separada para la resolución de la medida cautelarísima solicitada.
La vía penal en la Audiencia Nacional
El Tribunal Supremo abre una nueva vía judicial civil sobre la invasión en Ceuta. Los jueces investigarán si el Gobierno de España mintió o no sobre la invasión del pasado 31 de julio. Además, se podría llegar a pedir reclamaciones patrimoniales por todos los daños económicos que ha provocado la invasión.
La Audiencia Nacional, por su parte, también mantiene abierta la vía penal para investigar lo ocurrido en Ceuta. La juez María Tardón asumirá la investigación con el respaldo de la Fiscalía. Jesús Alonso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, consideró que pudieron cometerse delitos de inmigración ilegal, homicidio y lesiones por imprudencia grave en Ceuta. Tardón tiene ya en su poder dos informes policiales sobre lo ocurrido y abrirá la investigación que se prolongará durante meses.
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