Imputan al alcalde socialista de Almusafes por presunto acoso y agresión sexual.
El alcalde socialista del municipio valenciano de Almusafes, Toni González, está siendo investigado por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, proposición y agresión sexual y contra la intimidad, después de la denuncia presentada por una trabajadora que asegura haber sufrido durante años comportamientos de carácter sexual por parte del regidor. Entre los hechos puestos en conocimiento de la Justicia figura un beso presuntamente no consentido, además de insinuaciones y comentarios de índole sexual.
La condición procesal de González consta en una diligencia del Tribunal de Instancia de Carlet, fechada el pasado 8 de septiembre. El documento señala que el alcalde ya ha comparecido como investigado y ha designado abogado para ejercer su defensa, con quien deberán entenderse a partir de ahora las siguientes actuaciones judiciales.
La causa tiene su origen en la denuncia presentada el 11 de marzo de 2026, que posteriormente fue ampliada para incorporar otros episodios que la mujer ya había comunicado al canal antiacoso del PSOE. La denunciante había recurrido en septiembre de 2025 al mecanismo interno de la formación y en diciembre se abrió un expediente, aunque, según la información publicada, todavía no ha recibido una resolución definitiva sobre el conjunto de los hechos denunciados.
Entre las conductas incorporadas al procedimiento se encuentra el citado beso, que la denunciante sostiene que se produjo sin su consentimiento, así como diferentes comentarios e insinuaciones. La mujer afirma que González llegó a decirle que si fuera «igual de cariñosa» que otra persona de su entorno «le iría mejor en el trabajo». También denuncia comentarios sobre una intervención quirúrgica que había sufrido y alusiones públicas a supuestos comportamientos sexuales que ella niega, hechos que considera una intromisión en su intimidad.
El conflicto se remonta, según el relato de la trabajadora, a 2019, cuando comenzó a desempeñar sus funciones bajo la alcaldía de González. Con el paso de los años, asegura que las situaciones denunciadas terminaron repercutiendo tanto en su vida laboral como personal. El PSOE acabó expulsando al alcalde en marzo, después de que el caso trascendiera públicamente, aunque su salida del partido no ha supuesto una ruptura completa con la estructura socialista en el Ayuntamiento.
González y los otros siete ediles elegidos en la candidatura del PSOE continúan formando parte formalmente del Grupo Municipal Socialista de Almusafes, que sigue percibiendo la correspondiente asignación municipal. Además, según la información publicada anteriormente, el inmueble utilizado como sede socialista pertenece al propio alcalde y el partido habría continuado abonándole el alquiler incluso después de su expulsión.
Al procedimiento penal se añade otro frente ante la Agencia Valenciana Antifraude, que investiga posibles represalias contra la trabajadora después de que denunciara supuestas irregularidades en la empresa pública EMSPA. La resolución de ese expediente, inicialmente prevista para septiembre, ha sido aplazada hasta el 9 de enero de 2027 por la complejidad de las diligencias y la existencia de pruebas y declaraciones pendientes.
La denunciante también acudió a la Guardia Civil por la campaña de insultos y hostigamiento que asegura haber padecido después de que su denuncia contra González se hiciera pública. Entre los mensajes denunciados figuran expresiones como «tiparraca», «gentuza» o «mala persona», además de uno atribuido a una dirigente socialista local que, junto a la fotografía de una cuerda, decía: «Si te la pusieras tú en el cuello».
La confrontación llegó posteriormente a las calles de Almusafes mediante el reparto de cientos de pasquines en los que se cuestionaba a la trabajadora, se hablaba de «denuncias falsas» y se la acusaba de intentar perjudicar el proyecto político del alcalde. Todo ello se produjo pese a que la dirección valenciana del PSOE había reclamado públicamente respeto hacia la denunciante y advertido de posibles medidas contra quienes participaran en acciones de amedrentamiento.
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