Dirigentes y exministros del PSOE cobraron de Marruecos para ‘colar’ sus tomates en Europa
La consultora Acento Public Affairs, fundada por el exministro socialista José Blanco (PSOE) y por Antonio Hernando —hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones—, cobró de autoridades marroquíes por defender en Bruselas los intereses agrícolas de Rabat en un momento en el que el tomate magrebí presionaba cada vez más al campo español.
La firma de lobby, creada en 2019, aparece en el Registro de Transparencia de la Unión Europea como representante de entidades marroquíes. Primero trabajó para la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y, en 2024, asumió también la representación de la Embajada de Marruecos. En varios ejercicios, esos contratos se situaron en una horquilla de entre 500.000 y 600.000 euros anuales.
En noviembre de 2024, El Confidencial y Africa Intelligence informaron de que el encargo incluía defender los intereses de los agricultores marroquíes ante las instituciones europeas, justo después de que el Tribunal de Justicia de la UE anulara los acuerdos agrícolas y pesqueros con Marruecos por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
Hernando se desvinculó de Acento en octubre de 2021 para entrar en Moncloa. Blanco permaneció como consejero delegado. También formó parte de la compañía el exministro del PP Alfonso Alonso, hasta la venta de la consultora en 2026.
El trabajo de Acento era legal: se trata de un lobby inscrito y declarado. Lo que ha generado el rechazo en el sector agrario no es tanto la forma jurídica del contrato como su contenido político: exdirigentes españoles cobrando por reforzar en Europa la posición de un competidor directo del tomate de Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Ese competidor ha ganado terreno. España importó de Marruecos 87.603 toneladas de tomate fresco en 2025, un 31,5% más en volumen y un 67,1% más en valor que el año anterior, según datos trasladados al Congreso. En los primeros meses de 2026, las entradas siguieron al alza y, según DataComex, siete de cada diez tomates importados por España procedían del país vecino.
Organizaciones como COAG, UPA, ASAJA y FEPEX llevan años denunciando que esa competencia no se produce en igualdad de condiciones: costes laborales mucho más bajos, exigencias fitosanitarias distintas y la inclusión, en la práctica, de producciones del Sáhara Occidental bajo preferencias comerciales pensadas para Marruecos.
El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha resumido la queja del sector con una comparación de costes: una jornada agrícola en España puede acercarse a los 90 euros, frente a unos 8 euros en Marruecos. El mismo sindicato ha alertado de la pérdida de hectáreas en Almería —históricamente epicentro del tomate español— y ha pedido la suspensión o la revisión estricta del acuerdo UE-Marruecos. También ha denunciado que Rabat habría rebasado de forma reiterada el contingente de tomate con arancel reducido.
Acento no fijó las normas comerciales de la Unión Europea ni autorizó cada partida en frontera. Sí cobró por abrir puertas, suavizar el relato y defender en Bruselas a quien vende en Europa el producto que el campo español considera ruina. Para muchos agricultores, esa es la parte difícil de explicar: que una consultora nacida de dirigentes del PSOE —y con un exministro del PP en su organigrama— facturara a Marruecos precisamente cuando el tomate marroquí ganaba cuota a costa de las explotaciones nacionales.
El contrato se enmarca además en una relación diplomática ya cargada: el giro de España sobre el Sáhara Occidental, la presión migratoria y las alertas sanitarias puntuales por contaminantes en partidas hortofrutícolas.
Nada de eso convierte automáticamente el lobby en delito. Sí deja un hecho documentado. Dirigentes y exministros del PSOE impulsaron una firma que cobró de Marruecos para defender en Europa unos productos que el campo español denuncia como competencia desleal. El tomate, en este caso, no era un detalle menor del dossier: era el corazón del negocio.
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