Una plaza de acogida en España vale al año 20.000 euros
El coste económico de la política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate público en España. El economista Fernando Trías de Bes ha puesto cifras sobre la mesa durante su intervención en ‘Herrera en COPE’ y ha advertido de que España debe afrontar la inmigración teniendo en cuenta no solo sus necesidades de mano de obra, sino también la capacidad real del Estado para financiar la acogida y garantizar la integración de quienes llegan.
Trías de Bes sostiene que una plaza de acogida en España tiene un coste aproximado de 20.000 euros anuales. Partiendo de esta cifra y de las 124.000 personas acogidas durante 2025 que menciona en su intervención, el economista sitúa el coste asociado en torno a 2.600 millones de euros. Se trata de una estimación que pone el foco en una cuestión que, a su juicio, permanece demasiado alejada del debate político: cuánto cuesta realmente mantener el sistema de acogida y durante cuánto tiempo puede sostenerse.
El economista ha defendido además que no debe confundirse la inmigración necesaria para cubrir puestos de trabajo con los actuales mecanismos de acogida y regularización. “Para mí no deberíamos hablar de inmigración, deberíamos hablar de inmigración laboral”, ha señalado, reclamando que el fenómeno sea abordado principalmente desde el Ministerio de Trabajo, de manera que las llegadas respondan a las necesidades concretas de la economía española.
Planificación
Su planteamiento parte de una premisa: España necesita trabajadores. El envejecimiento de la población y la necesidad de mantener las cotizaciones hacen necesaria la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral. Sin embargo, Trías de Bes considera que ese proceso debe realizarse de forma planificada y teniendo en cuenta los perfiles profesionales que realmente necesita el país.
La advertencia adquiere especial relevancia cuando se analiza la presión sobre otros servicios públicos. El crecimiento de la población, señala el economista, no garantiza por sí mismo un aumento del bienestar. Si la llegada de población no va acompañada de un incremento suficiente de la vivienda, los servicios públicos y la productividad, pueden aparecer desequilibrios que terminan repercutiendo sobre el conjunto de la sociedad.
Solidaridad que ignora sus límites es un peligro
“La solidaridad que ignora sus propios límites económicos lo que pone en peligro es la propia solidaridad”, ha afirmado Trías de Bes. Con esta reflexión, el economista cuestiona cualquier política que considere ilimitados los recursos disponibles para afrontar las necesidades derivadas de la inmigración.
Durante la entrevista también ha insistido en que el problema de España no reside exclusivamente en que llegue población extranjera, sino en la velocidad a la que se producen las llegadas. “El problema ya no es que venga gente, el problema es que venga más rápido de lo que somos capaces de integrar”, ha resumido.
Hasta 2.000 euros anuales por inmigrante ilegal
El economista también ha puesto el foco en la inmigración irregular. Según las cifras que expuso durante la conversación, existirían alrededor de 840.000 personas en situación irregular y el coste público asociado podría situarse, según sus estimaciones, entre 1.000 y 2.000 euros anuales por persona.
Otro de los aspectos señalados ha sido la escasa ejecución de las órdenes de salida. Trías de Bes ha asegurado que durante el último año se dictaron en España aproximadamente 50.000 órdenes de salida de ciudadanos extracomunitarios, de las cuales unas 8.000 fueron finalmente ejecutadas. El dato, de ser tomado en esos términos, supondría que únicamente una de cada seis órdenes habría terminado materializándose.
Mecanismos de control como Australia o Nueva Zelanda
El economista ha comparado además el modelo español con el de países como Australia y Nueva Zelanda, donde la presencia de población extranjera es elevada pero los mecanismos de control de la inmigración irregular presentan, según su exposición, resultados diferentes.
Su conclusión es clara: España necesita inmigración para afrontar determinados problemas demográficos y laborales, pero reclama que esa inmigración sea ordenada, vinculada al empleo y compatible con la capacidad económica del Estado.
El debate, por tanto, no se limita a decidir cuántas personas pueden llegar, sino también cuánto cuesta su acogida, qué recursos requiere su integración y qué capacidad tiene España para mantener ese esfuerzo a largo plazo.
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