El Gobierno otorgó casi 16 millones en 2025 a Provivienda para el alojamiento y atención de inmigrantes
La financiación pública destinada a los programas de atención a la población migrante vuelve a situarse en el centro del debate político y social. Según una información publicada por Canario Today, las cuentas oficiales de la Asociación Provivienda confirman que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a esta entidad 15.653.246,03 euros durante el ejercicio 2025 a través de la partida «Concierto Social Migración y Asilo».
Esta cifra supuso el 42,04% de los ingresos totales de la ONG en ese año, periodo en el que el 63,81% de su presupuesto global procedió de fondos públicos.
La cuantía asignada en 2025 consolida una senda ascendente en la transferencia de recursos estatales hacia la organización. En 2023, la partida destinada a este mismo fin fue de 13,48 millones de euros, mientras que en 2024 escaló hasta los 14,90 millones.
En el cómputo global de los últimos tres años, la suma transferred por el Ejecutivo supera los 44 millones de euros. Estos fondos son concedidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mediante la Secretaría de Estado de Migraciones, e integrados en el Sistema de Acogida de Protección Internacional.
Provivienda y sus recursos residenciales
Con esta inyección económica, Provivienda gestiona una red de recursos residenciales y programas de acompañamiento en ocho comunidades autónomas.
En Canarias dispone de pisos, tutorización social y asesoramiento jurídico en extranjería; en Andalucía dirige proyectos de inserción social y laboral en Sevilla y Granada; mientras que en Cataluña, Madrid, Galicia, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura administra plazas de acogida para solicitantes de asilo e itinerarios de integración laboral. En total, la entidad asegura haber gestionado más de 72.000 viviendas a nivel nacional.
La divulgación de estos importes cobra especial relevancia en un contexto socioeconómico marcado por las crecientes dificultades de acceso al mercado inmobiliario que afronta la población general, avivando las críticas sobre las prioridades en la adjudicación de recursos públicos para vivienda.
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