Ángel Víctor Torres recibió una alerta sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta seis días antes de la invasión
La Delegación del Gobierno en Ceuta advirtió al Gobierno de España de que era «altamente probable» que se produjera una entrada masiva de inmigrantes seis días antes de la invasión de unos 80.000 marroquíes el 30 de julio. Así consta en un informe fechado el 24 de julio, elaborado por Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado Miguel Ángel Pérez Triano, y remitido al Ministerio de Política Territorial, liderado por Ángel Víctor Torres.
El contenido, que ahora forma parte de la investigación de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, incluía una advertencia expresa de un posible «colapso de las administraciones e instituciones». La Delegación contemplaba que Ceuta pudiera enfrentarse a un episodio de presión migratoria comparable al registrado en 2021, con consecuencias directas sobre los servicios públicos y los dispositivos de acogida.
Pero las alertas iban todavía más lejos; el documento señalaba que una entrada masiva podía representar «un riesgo grave para la vida de los propios agentes», ante la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vieran superados. Por ese motivo, reclamaba refuerzos «a todos los niveles», proponía habilitar urgentemente un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional y solicitaba estudiar fórmulas legales para agilizar los retornos a Marruecos.
Lo más llamativo es que este documento no figura entre los 40 informes, alertas y comunicaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo públicos en septiembre para reconstruir qué información había recibido antes de la crisis. Aquella documentación incluía comunicaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), pero dejaba fuera el informe elaborado en Ceuta el 24 de julio.
Su existencia ha trascendido en el marco de las diligencias judiciales, después de que Gonzalo Sanz confirmara ante la magistrada que él mismo lo había redactado y lo calificara de «muy contundente». Tanto Sanz como el exdelegado Pérez Triano han entregado el documento a la Audiencia Nacional. Ahora Tardón pretende comprobar si la versión remitida al Ministerio de Política Territorial recogía íntegramente las advertencias originales y reconstruir el recorrido de una información que no apareció en el repositorio difundido por el Ejecutivo.
Por otro lado, el 27 de julio, apenas tres días después de la elaboración del informe, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta reclamaron públicamente una respuesta «extraordinaria e inmediata» ante la creciente presión sobre los servicios públicos.
Sin embargo, según asegura el citado medio, el comunicado no fue bien recibido en La Moncloa. Solo tres días después, se produjo la entrada masiva de inmigrantes en territorio español, precisamente el escenario sobre el que las autoridades ceutíes habían advertido al Gobierno socialista.
Aunque los documentos públicos anteriores al 29 de julio no permiten concluir que las autoridades anticiparan semejante volumen de llegadas, sí muestran que la posibilidad de una entrada masiva había sido trasladada al Gobierno central con suficiente antelación y confirma nuevamente que recibieron advertencias.
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