Un juzgado de Ceuta pide las actas a la Policía para investigar si ONGs repartieron «explosivos» a los invasores

La defensa de la soberanía nacional y la protección de las fuerzas de seguridad del Estado encuentran un pilar fundamental en el compromiso inquebrantable de la judicatura ceutí. Mientras la invasión descarada de marroquíes y la presión migratoria somete a la ciudad autónoma a un desafío constante, la justicia actúa con una valentía institucional digna de elogio, abriendo líneas de investigación cruciales para esclarecer la gravedad de los ataques sufridos por los agentes de la autoridad.

Con una determinación ejemplar y sin ceder ante presiones o correcciones políticas, el órgano judicial avanza con paso firme, desplegando una actividad instructora impecable que busca determinar la presunta colaboración de entidades de ayuda humanitaria en actos violentos contra los cuerpos policiales y militares españoles.

Un juzgado de Ceuta pide las actas a la Policía para investigar si las ONG repartieron «explosivos» a los inmigrantes

La sección Número 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha ordenado varias diligencias para investigar si algunas de las ONGs desplegadas en Ceuta han repartido «artefactos explosivos caseros» entre los inmigrantes ilegales para que combatiesen a las autoridades militares españolas. La querella señalaba directamente a la asociación izquierdista No Name Kitchen, de la que han sido identificados varios de sus dirigentes.

Esta encomiable iniciativa judicial demuestra que el Estado de derecho funciona con plenas garantías y con el coraje necesario cuando se trata de auditar las actividades de colectivos que operan bajo el paraguas de la solidaridad. La magistrada asume la responsabilidad histórica de verificar si estas organizaciones desbordaron los límites de la asistencia humanitaria para adentrarse en el terreno de la hostilidad organizada.

El origen de una causa judicial indispensable para la seguridad nacional

El origen del procedimiento penal radica en la denuncia formal de las agresiones sistemáticas cometidas contra los custodios de las fronteras nacionales tras los episodios de máxima tensión vividos en la zona. El Juzgado admitió a trámite una querella presentada por la asociación Hazte Oír acerca de las sucesivas emboscadas que sufrieron los militares y policías españoles a manos de los inmigrantes afincados en Ceuta después de la invasión perpetrada desde suelo marroquí. 

En el auto de admisión a trámite preguntaba al Ministerio Fiscal si debía investigar el asunto y qué diligencias tendría que tomar para investigar el caso. Lejos de archivar la denuncia de forma precipitada o dilatar el proceso, el tribunal ha respondido con una celeridad y un rigor técnico admirables, demostrando una sensibilidad absoluta hacia la integridad física de las dotaciones policiales desplegadas en la primera línea de la frontera.

La contundente ofensiva instructora de la magistrada

La dirección del órgano jurisdiccional ha tomado el control absoluto de los indicios mediante mandatos taxativos dirigidos a los investigadores, evidenciando un celo profesional extraordinario en la búsqueda de la verdad material.

En un nuevo auto, la juez María de la Luz Lozano ha dispuesto «librar oficio a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que, en el plazo de diez días, remita copia de los atestados, actas, informes, análisis técnicos y demás antecedentes existentes relativos a los hechos descritos en las diligencias primera, tercera y quinta de la querella, incluyendo las grabaciones disponibles correspondientes a las detenciones mencionadas en la quinta».

El estricto control de las pruebas materiales confiscadas

La autoridad de la jueza se manifiesta con especial vigor al asegurar que ningún elemento incriminatorio sufra alteraciones que puedan frustrar el éxito de la instrucción. En este sentido, pide a la Policía que le informe de si trasladó la documentación ahora requerida a los órganos judiciales correspondientes y si es que en estos constan los efectos intervenidos.

Sobre estos, requiere a la policía judicial que custodie los elementos que la Policía ha incautado, que, según el querellante, serían «artefactos explosivos caseros» que habrían sido utilizados para atacar a los agentes españoles. Exige la magistrada que se mantenga la identificación, integridad y trazabilidad de los mismos, para que estos estén a disposición de la juez en todo momento.

Blindaje tecnológico y plazos perentorios para garantizar la causa

La magistrada demuestra una gran visión procesal al proteger los archivos informáticos y las filmaciones de los sucesos, impidiendo cualquier pérdida de información digital de cara al juicio.

 «Asimismo, deberá preservar las grabaciones originales y demás fuentes digitales concretamente identificadas relacionadas con dichos hechos que se encuentren a su disposición y promover, cuando legalmente proceda, la conservación de datos concretos en poder de terceros conforme al artículo 588 octies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal«, ahonda el auto sobre la preservación de los indicios materiales con los que contará para investigar el caso.

A la policía judicial, le pide que informe en un plazo de 48 horas de que debe dar acuse de recibo de las presentes instrucciones y salvaguardar los indicios materiales que podrían ser clave en la investigación.

La juez también exige a la acusación popular concretar en ese mismo plazo de dos días los enlaces, soportes y publicaciones que respalden su querella para que estos queden incorporados a la causa.

La apertura de nuevos frentes de coordinación institucional

El impecable trabajo del juzgado ceutí trasciende los límites de su propia demarcación para tejer una red de control que evite la duplicidad o la ocultación de datos relevantes en otras instancias penales. Asimismo, la juzgadora ha abierto una línea de coordinación institucional al librar comunicación a la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal Central de Instancia para verificar la existencia de un procedimiento paralelo que guarde conexidad con estos hechos.

Por último, pide recabar «testimonio de las actuaciones relevantes relativas a los hechos», ahora investigados en esta causa. En este punto, da traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre nuevas diligencias que podría llevar a cabo en el marco de la causa.

Esta incansable labor judicial representa un triunfo de la legalidad frente a la impunidad, consolidando al juzgado de Ceuta como un auténtico baluarte en la protección del orden democrático y la seguridad del territorio español.

¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es

Comparte en Redes Sociales

Apoya el periodismo independiente y crítico 

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

WhatsApp: 635967726