El Supremo obliga a UGT Andalucía a devolver 18,3 millones por cursos subcontratados a sus empresas
El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Andalucía y obliga a UGT Andalucía a devolver 18,3 millones de euros por irregularidades en cursos de formación subvencionados. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de casación del sindicato y ha confirmado así una sentencia de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
13,1 millones de subvención y 5,2 de intereses
La cantidad se desglosa en 13,1 millones vinculados a una subvención para 240 cursos que no fueron debidamente justificados, anteriores a 2009, y 5,2 millones en concepto de intereses. El TSJA consideró acreditado que los cursos se impartieron, pero que UGT-A no siguió el procedimiento exigido para justificar el gasto de la ayuda pública.
El tribunal andaluz describió las infracciones como "de notable gravedad" y las vinculó a la ejecución de la actividad subvencionada. Ahora el Supremo cierra la vía del recurso y confirma que el sindicato debe reintegrar el dinero.
Subcontratas a sus empresas y sueldos fuera de baremo
Entre las irregularidades que recoge la información figuran dos especialmente llamativas. La primera es la subcontratación no autorizada a empresas instrumentales del propio sindicato, es decir, parte del dinero público de la formación habría acabado en sociedades vinculadas a la organización. La segunda es que los salarios de los profesores se fijaron de forma discrecional, al margen de los baremos establecidos.
Se trata de las conclusiones de la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo, y no de una acusación nueva. Conviene recordarlo porque el asunto no es una causa penal, sino un procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones.
Un expediente que durmió en un cajón
La historia administrativa es larga. Según la información, la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, dictó una orden de reintegro el 16 de septiembre de 2015 por 18 millones de euros. El expediente, que lleva las referencias 98/2001/J/0249 por parte de la Junta y Forman XX por parte de UGT-A, quedó después aletargado.
Lo retomó el Gobierno de Juanma Moreno cuando lo encontró en 2019, ya cerca de la fecha de prescripción. El 14 de octubre de 2019 la Administración lo resolvió, rechazando los recursos del sindicato y exigiendo la devolución. UGT-A recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa y consiguió algunas cuestiones técnicas, pero el tribunal confirmó finalmente el reintegro.
Otros 40 millones en expedientes y una condena civil
El caso no es el único que afecta al sindicato en materia de formación. La información recuerda que se abrieron otros expedientes administrativos por unos 40 millones de euros tras las informaciones periodísticas sobre el fraude en la formación en Andalucía.
Además, una sentencia penal de la Audiencia de Sevilla de 2024 declaró a UGT responsable civil subsidiaria de un fraude de 40 millones en formación. En esa misma resolución, antiguos dirigentes regionales del sindicato fueron condenados por fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El recurso del sindicato ante el Supremo contra esa sentencia sigue pendiente.
Lo que dice el contexto: dirigentes anteriores
El texto precisa que ambos casos son anteriores a la actual dirección del sindicato y al equipo que la precedió. Es una matización importante: las condenas y la devolución afectan a la organización, pero se refieren a hechos de épocas anteriores de su gestión.
Aun así, la noticia llega en un momento políticamente sensible. Vox consigue rebajar un 50% las subvenciones para UGT, CCOO y la patronal en Andalucía, y cómo el sindicato Solidaridad acusa a UGT y CCOO de utilizar la huelga general para favorecer al PSOE antes del 29-N. La sentencia del Supremo alimenta el debate sobre el dinero público que reciben los sindicatos.
Qué falta por saber
La información no recoge una respuesta de UGT Andalucía a la sentencia ni indica los plazos con los que deberá hacer efectiva la devolución de los 18,3 millones. Tampoco precisa si el sindicato prevé agotar otras vías, como un recurso ante el Tribunal Constitucional. Mientras no haya esa respuesta, el sindicato mantiene la presunción de que sus responsables actuales no tuvieron relación con los hechos.
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