La jueza pregunta a Defensa si buques de guerra marroquíes ingresaron en aguas de Ceuta entre julio y agosto
En un auto recogido, la magistrada requiere a Defensa, a través del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), para que informe si esa eventual entrada "hubiera motivado la necesidad de que se produjera algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción" con buques de la Armada española o de cualquier otra unidad militar nacional.
Tardón también pregunta "si existen grabaciones de esas posibles estancias y/o permanencias" de buques marroquíes y, en caso afirmativo, que "se proceda a la entrega de las mismas" al juzgado, y solicita saber si desde el 10 de agosto hasta el día de hoy se ha producido alguna otra entrada en aguas ceutíes de las mismas características.
La magistrada también rechaza las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, que lidera Iustitia Europa, al considerarlas "desproporcionadas" y "carentes del necesario juicio de utilidad procesal".
MEDIDAS "DESPROPORCIONADAS" DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Iustitia Europa interesó, entre otras medidas, solicitar al Estado Mayor de la Defensa, la Guardia Civil y otras instituciones la conservación de datos de radares, sensores y comunicaciones de radio y de mando sobre la actividad de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta, además de comunicaciones diplomáticas y gestiones realizadas con Marruecos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La magistrada pone de manifiesto que "desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos de los ministros que lo integran se ha venido a admitir, con diferentes valoraciones, pero como hecho cierto, que aún sin mayor concreción ni detalle, sí se habría producido la intrusión de buques de la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas".
En una conversación informal con periodistas en el Palacio Real, Sánchez reconoció que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, pero lo consideró como un "hecho puntual".
"Se trata de una diligencia previa, objetiva y proporcionada que permitirá comprobar la propia realidad del presupuesto fáctico sobre el que la acusación popular basa su solicitud y determinar si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación", indica la jueza, que deja abierta la puerta a acordar nuevas prácticas en el futuro.
Tardón afirma que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".
La magistrada niega, además, que "la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español", subrayando que la entrada masiva "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".
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