La rendición de Sánchez ante el separatismo y la quiebra del Estado de derecho
La estabilidad de una sociedad se fundamenta en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y en la vigencia indiscutible del Estado de derecho. Sin embargo, la actual legislatura española con Pedro Sánchez pasará a la historia como el periodo en el que la presidencia del Gobierno entregó las llaves de la legalidad a los separatistas a cambio de la supervivencia política.
La rendición de Sánchez ante el separatismo catalán ha dinamitado los diques de contención institucionales, permitiendo que quienes subvirtieron el orden dando un golpe de estado para la ruptura de España el 1O de 2017 regresen impunes y con las instituciones subordinadas a sus exigencias. Las cesiones del Ejecutivo no han traído la convivencia prometida, sino la humillación del Estado y el rearme ideológico de un movimiento que ya prepara su próximo desafío a la soberanía nacional.
Las promesas rotas del PSOE y la presunta facultad reparadora
El relato oficial del gobierno de Sánchez ha intentado disfrazar la necesidad aritmética de los votos parlamentarios bajo el noble ropaje de la pacificación social. Tanto Illa como Sánchez han defendido la amnistía como una medida destinada a la reconciliación. Una reconciliación, en todo caso, innecesaria para el separatismo, que nunca reconoció que en su golpe de estado para la ruptura de España conllevase ruptura social alguna.
Los jefes golpistas del proceso independentista jamás han mostrado el menor indicio de arrepentimiento, sino que reafirman sus acciones del año 2017. Y, aunque en un principio, Sánchez había prometido traer a Puigdemont de vuelta a España para ser juzgado e Illa aseguró que no habría «amnistía ni nada de eso», luego, tras requerir el PSOE los votos de Junts y pactar con él la medida de gracia, los socialistas no se han cansado de incidir en su presunta facultad reparadora.
La mutación del discurso socialista evidencia que la gobernabilidad del país depende exclusivamente de los intereses de prófugos golpistas de la justicia.
La euforia de los amnistiados y la proclamación de la victoria secesionista
Los hechos desmontan con rapidez la propaganda gubernamental sobre la supuesta desactivación del conflicto independentista en Cataluña. Los beneficiarios de la impunidad penal utilizan su regreso como un altavoz para desacreditar a los tribunales nacionales y reafirmar su agenda de ruptura unilateral.
Por una parte, el ‘exconseller’ posconvergente Lluis Puig, que retiró en persona el lazo amarillo que ocupaba de manera simbólica su escaño en el Parlamento, advirtió en su primera alocución en la cámara tras nueve años fugado en Bélgica que «nada acaba hoy» y que la doble derrota del Estado, tanto judicial como política, le llevaba a seguir siendo «convencidamente independentista».
Ya el día anterior, en un homenaje recibido en su Tarrasa natal, acompañado de un cabezudo con su rostro, y en medio del fervor general, sintetizó su lectura del perdón penal: «Cataluña 2, Estado español 0».
Estas declaraciones demuestran certifica la debilidad de un Gobierno central que ha claudicado ante sus presiones.
El acatamiento por el mandato del 1O en las instituciones europeas
La impunidad penal ha permitido que los antiguos prófugos recuperen sus plataformas de influencia política internacional sin haber rendido cuentas ante la justicia. Mientras, el eurodiputado de Junts Toni Comín, que ayer viajó a Madrid para acatar la Constitución en el acto de la Junta Electoral Central y así acceder al acta de diputado en la Eurocámara, dejó bien clara su falta de arrepentimiento al realizar el juramento «por el mandato del 1 de octubre» —según el cual, como es sabido, Cataluña debe escindirse del resto del España al haberlo decidido así los electores del referendo ilegal de 2017—.
La utilización de los propios mecanismos del Estado para atacarlo desde el interior refleja el éxito de la estrategia secesionista auspiciada por el Ejecutivo central. Comín proclamó abiertamente el triunfo de su causa sobre el entramado legal de la nación. «Ellos son perfectamente conscientes de que hemos ganado«, aseveró tras el acto, «porque el Estado español ha usado todos sus recursos, políticos, de espionaje, etc., para que no pasase aquello que está pasando hoy«.
El eurodiputado remarcó el hecho de haber regresado «sin haber pasado un solo segundo» ante ningún «juez español» ni en ninguna «prisión española». En esta línea, el eurodiputado mantuvo que este «mal perder» del Estado confirma la «victoria» soberanista. Y, para que no quedase dudas de su veredicto sobre lo ocurrido, repitió en RAC1 que el «Estado ha capitulado».
El anuncio del segundo asalto y la amenaza del unilateralismo
La hoja de ruta del independentismo mantiene sus objetivos máximos inalterados, utilizando la amnistía como el trampolín definitivo para reactivar el proceso de separación.
Una lectura que, de buen seguro, exhibirá el mismo Puigdemont en la exhaustiva gira que tiene previsto emprender en Cataluña, municipio a municipio, después de las elecciones del 29-N, cuando regrese en diferido para que los comicios generales no empañen sus intereses electorales, fijados en las autonómicas.
La planificación electoral del antiguo presidente catalán demuestra que el perdón penal sirve como gasolina para encender la campaña del separatismo. Al menos, es la que efectuó tras conocerse la luz verde del TC a la amnistía a mediados de octubre. «Hoy no se soluciona nada», sentenció desde Waterloo, juzgando irrenunciable no solo el «derecho de autodeterminación», sino del «unilateralismo». Esto es, que lo volverán a hacer. La rendición de Sánchez deja a España desprotegida ante la inminente reactivación del golpe separatista.
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