La jueza Tardón exige al Gobierno desclasificar en 15 días informes del CNI sobre Ceuta
La jueza María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional la invasión de Ceuta desde Marruecos a finales de julio, pide que se levante el secreto sobre varios documentos. Reclama las notas e informes elaborados por el CNI y difundidos a las autoridades a partir del 30 de julio sobre los hechos de los días 30 y 31. En particular, pide todos los clasificados que se refieran a la actuación de las autoridades marroquíes hasta la fecha.
La magistrada solicita además la lista concreta de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y del 30 de julio de 2026 (C/10266/27-07-2026 y C/10481/30-07-2026), y de las enviadas después del 30 de julio. Quiere la fecha y la hora de cada envío, junto con una certificación de que fueron efectivamente recibidas.
La desclasificación debe hacerse con carácter urgente y, en todo caso, en un máximo de 15 días naturales. Todo el material que resulte desclasificado se incorporará a la pieza separada que está declarada secreta.
Tardón sostiene que la información es relevante para la investigación y que no afecta a la seguridad del Estado. Argumenta que esa seguridad se vio vulnerada precisamente en el marco de los hechos investigados, y que averiguar quién fue el autor de ese ataque es el objetivo del procedimiento.
Según la jueza, los documentos permitirán determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. «Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos», señala.
La instructora afirma que, cuando la información guarda una relación directa, objetiva y relevante con los hechos y no hay fuentes alternativas para alcanzar el mismo resultado probatorio, el deber constitucional de colaboración con la Justicia alcanza su máxima intensidad.
Añade que la clasificación como materia secreta o reservada «no constituye un obstáculo jurídico absoluto» para promover la desclasificación cuando sea necesaria para investigar hechos presuntamente delictivos.
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