USO, no se suma a la huelga, es una huelga al uso
La huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por la crisis de la vivienda ha abierto diferencias entre las organizaciones sindicales españolas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión Sindical Obrera (USO) han anunciado que no secundarán la movilización, al considerar que su convocatoria, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, presenta problemas de oportunidad y de independencia sindical.
La convocatoria, respaldada por organizaciones como CCOO, UGT, CGT y LAB, pretende situar la crisis de acceso a la vivienda en el centro del debate público. Sin embargo, CSIF y USO defienden que las demandas laborales y habitacionales deben trasladarse ahora a las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones.
En el caso de USO, el rechazo a la huelga no implica restar importancia al problema de la vivienda. La organización lo considera una de las principales emergencias sociales y sostiene que la precariedad laboral, los salarios insuficientes y el encarecimiento de los alquileres forman parte de una misma crisis.
CSIF rechaza la huelga por su componente político
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha confirmado que su organización no participará en la huelga general del 11 de noviembre.
En una entrevista en el programa Es Noticia, de esRadio, el dirigente sindical ha explicado que considera que la convocatoria tiene una dimensión política e ideológica que no encaja con los objetivos de su organización.
“Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones”, ha afirmado.
Borra ha insistido en que CSIF mantiene como prioridad la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores públicos y privados.
Desde esta perspectiva, considera que la convocatoria anunciada para noviembre no responde a las prioridades sindicales que defiende su organización.
USO considera que no existe un interlocutor para la huelga
La Unión Sindical Obrera también ha anunciado que no se sumará al paro general, aunque ha desarrollado una argumentación centrada especialmente en el contexto institucional.
La organización recuerda que la convocatoria se anunció coincidiendo con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
A su juicio, celebrar una huelga general cuando existe un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto dificulta identificar a quién deben dirigirse las reclamaciones.
USO considera que una movilización de esta naturaleza necesita objetivos concretos y un destinatario con capacidad para responder.
“Una huelga general es el instrumento de presión más serio que tiene la clase trabajadora”, sostiene su Comisión Ejecutiva.
El sindicato advierte de que, sin un interlocutor institucional claramente identificado, el paro podría terminar interpretándose como una actuación vinculada a la campaña electoral.
Dos sindicatos que reivindican su independencia política
La defensa de la autonomía sindical constituye uno de los principales puntos de coincidencia entre CSIF y USO.
Miguel Borra sostiene que CSIF debe actuar de acuerdo con las reivindicaciones de sus afiliados y evitar participar en movilizaciones que, a su juicio, responden a intereses políticos.
USO también subraya que su organización mantiene una posición independiente de los partidos y que entre sus afiliados conviven trabajadores con diferentes preferencias electorales.
Por este motivo, considera que no debe convertirse en un actor más de la campaña.
La organización afirma que sus planteamientos no están subordinados a ninguna ideología ni a intereses partidistas.
Ambos sindicatos entienden que la defensa de los derechos laborales debe mantenerse al margen de las estrategias electorales, aunque sus explicaciones sobre la huelga presentan diferencias.
El 29 de noviembre, una fecha clave para el rechazo
La proximidad de las elecciones generales es otro de los factores determinantes.
La huelga está convocada para el 11 de noviembre, mientras que los comicios se celebrarán el 29 de noviembre, apenas 18 días después.
CSIF ha cuestionado expresamente que la movilización se produzca en ese momento político.
Borra también ha señalado que la convocatoria llega después de la disolución del Parlamento.
Por su parte, USO considera que la coincidencia con el periodo electoral reduce la eficacia de la protesta y aumenta el riesgo de que sea interpretada como una actuación de campaña.
La organización defiende que las reivindicaciones deben dirigirse a quienes aspiran a formar el próximo Gobierno.
Las declaraciones de María Jesús Montero alimentan las críticas de CSIF
Uno de los elementos que ha destacado Miguel Borra para explicar su rechazo son las declaraciones de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, sobre el sentido político de la huelga.
Montero señaló que, mientras habitualmente las huelgas generales se dirigen contra el Gobierno, en esta ocasión la protesta estaría orientada contra las posiciones de la oposición.
“Habitualmente es contra el Gobierno, ahora es contra la oposición”, afirmó la dirigente socialista.
Montero explicó también que interpretaba la movilización como una defensa de los derechos y del progreso, y vinculó su convocatoria con el rechazo parlamentario de dos decretos del Gobierno sobre vivienda.
La dirigente socialista sostuvo que la huelga iba contra las posiciones mantenidas por los partidos de derecha en el Congreso de los Diputados.
Preguntado por estas declaraciones, Borra respondió: “Yo creo que con eso está todo definido”.
Para el presidente de CSIF, las palabras de Montero refuerzan su interpretación de que la convocatoria presenta un componente político.
CSIF recuerda sus propias movilizaciones laborales
El rechazo a la huelga por la vivienda no significa que CSIF descarte utilizar la huelga como instrumento de presión.
Miguel Borra ha recordado que su organización ha impulsado movilizaciones vinculadas a reivindicaciones laborales concretas.
Entre ellas ha mencionado las negociaciones salariales de los empleados públicos.
“Nosotros ya anunciábamos la huelga cuando estábamos negociando la subida salarial de los empleados públicos y conseguimos un buen acuerdo”, ha señalado.
El dirigente sindical también ha recordado que CSIF llegó a plantear una huelga en diciembre del año pasado si no se producía una mejora salarial.
Asimismo, ha citado las movilizaciones desarrolladas en 2024 para defender el mutualismo administrativo.
Con estos ejemplos, Borra pretende diferenciar las protestas centradas en reivindicaciones laborales de la huelga general convocada por la crisis de la vivienda.
USO reconoce la gravedad de la crisis de la vivienda
A diferencia de una oposición al contenido de las reivindicaciones, USO deja claro que comparte la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda.
El sindicato considera que este problema se ha convertido en una de las principales barreras para la emancipación de los jóvenes.
También advierte de que afecta a trabajadores de mediana edad, familias monoparentales, personas mayores y hogares con dificultades económicas.
USO defiende que la vivienda constituye un derecho básico cada vez más difícil de alcanzar para una parte importante de la población.
Sin embargo, considera que reconocer la gravedad del problema no obliga a respaldar cualquier convocatoria de huelga.
Su rechazo se centra en el momento elegido, la falta de un destinatario institucional y la ausencia de un objetivo suficientemente delimitado, según su valoración.
USO vincula la vivienda con los salarios y la precariedad laboral
La Unión Sindical Obrera sostiene que la crisis de la vivienda no puede analizarse de manera aislada.
A su juicio, el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para comprar una vivienda están directamente relacionados con los bajos salarios, la inestabilidad contractual y la pérdida de poder adquisitivo.
La organización considera imprescindibles tanto la regulación del mercado del alquiler como la ampliación del parque público de vivienda.
No obstante, advierte de que estas actuaciones deben acompañarse de políticas laborales y económicas sostenidas en el tiempo.
Para USO, una persona que encadena contratos de corta duración o percibe ingresos insuficientes encuentra mayores dificultades para acceder a una vivienda, incluso aunque se adopten medidas específicas sobre el mercado inmobiliario.
Por ello, reclama una respuesta que combine empleo estable, salarios dignos, políticas de vivienda y protección frente a la especulación.
El sindicato denuncia una precariedad laboral estructural
USO fundamenta parte de sus reivindicaciones en los datos sobre contratación y empleo.
Según las cifras recogidas en su posicionamiento, durante septiembre se registraron cerca de 1,6 millones de contratos, pese a lo cual aumentó el desempleo.
El sindicato también señala que más de 1,2 millones de personas figuran como demandantes de empleo ocupadas, es decir, trabajadores que buscan otro puesto pese a tener ya un empleo.
Para la organización, esta situación evidencia que disponer de trabajo no garantiza necesariamente ingresos suficientes ni estabilidad económica.
USO añade que la duración media de los contratos pasó de 53,36 días en 2021 a 42,06 días en 2024.
El sindicato utiliza estos datos para defender que el problema de la vivienda está estrechamente relacionado con la calidad del empleo.
La pérdida de poder adquisitivo, otra preocupación de USO
El sindicato también denuncia que el incremento de los precios ha reducido la capacidad económica de los trabajadores.
Según los datos que recoge su declaración, desde 2008 los precios han aumentado alrededor de un 34%, mientras que el salario medio lo ha hecho aproximadamente un 25,6%.
USO considera que esta diferencia ha provocado una pérdida de poder adquisitivo que se agrava con los gastos de vivienda, alimentación y otros productos básicos.
La organización sostiene que buena parte de las mejoras salariales han quedado absorbidas por el encarecimiento del coste de la vida.
Por ello, defiende que las políticas de vivienda deben acompañarse de medidas para recuperar los salarios y mejorar la estabilidad laboral.
USO pide reforzar la negociación colectiva
Otro de los problemas señalados por USO es la situación de la negociación colectiva.
La organización sostiene que existen dificultades para cerrar convenios, incorporar revisiones salariales y garantizar condiciones de trabajo estables.
Según sus datos, solo el 37% de los convenios incluye cláusulas de revisión salarial.
Esto deja, según el sindicato, a numerosos trabajadores sin mecanismos suficientes para proteger sus ingresos frente al aumento de los precios.
USO considera que fortalecer la negociación colectiva resulta esencial para mejorar los salarios y facilitar el acceso a una vivienda.
Su planteamiento es que la respuesta a la crisis habitacional debe formar parte de una estrategia más amplia de mejora de las condiciones laborales.
CSIF apuesta por reunirse con los partidos políticos
Frente a la huelga general, CSIF ha decidido priorizar el diálogo con las formaciones políticas.
Miguel Borra ha explicado que su organización ya ha solicitado reuniones con distintos grupos para trasladarles sus propuestas.
Entre las prioridades del sindicato se encuentran las mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos y el funcionamiento de los servicios públicos.
Borra ha mencionado especialmente los ámbitos de sanidad, educación y justicia.
“Lo que toca ahora es reunirse con los partidos políticos para trasladarles nuestras propuestas de mejora para la sanidad, la educación, la justicia y es el momento de trabajar en estos aspectos”, ha afirmado.
El dirigente sindical ha defendido que las propuestas de CSIF serán “realistas” y “razonables”.
La recuperación de las pagas extraordinarias, entre las reclamaciones de CSIF
Dentro de las demandas que CSIF pretende trasladar a los partidos figura la recuperación de derechos económicos de los empleados públicos.
Miguel Borra ha mencionado la recuperación de las pagas extraordinarias retiradas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El sindicato quiere incorporar esta cuestión a sus conversaciones con las fuerzas políticas.
También plantea mejoras relacionadas con la educación y otros servicios públicos.
CSIF sostiene que su estrategia debe centrarse en conseguir compromisos concretos para los trabajadores y las administraciones.
USO trasladará sus reivindicaciones a los partidos antes del 29-N
La estrategia de USO también pasa por dirigirse a las formaciones que concurrirán a las elecciones generales.
El sindicato ha anunciado que trasladará sus propuestas a todos los partidos políticos durante la campaña electoral.
Entre sus principales reivindicaciones figuran subidas salariales vinculadas al IPC, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y medidas contra la precariedad contractual.
También reclama reforzar la Inspección de Trabajo, mejorar las indemnizaciones por despido y fortalecer la negociación colectiva.
En materia de vivienda, USO defiende la ampliación del parque público, la regulación de los alquileres habituales, turísticos y de temporada, y una mayor protección frente a los desahucios.
Asimismo, propone medidas fiscales dirigidas a los grandes propietarios.
Salarios, jornada laboral y vivienda: las principales propuestas de USO
El programa que USO pretende trasladar a los partidos incluye distintas actuaciones.
En materia salarial, reclama incrementos para trabajadores públicos y privados que utilicen el IPC como referencia mínima, junto con medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido.
También propone actualizar anualmente por ley el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio.
En cuanto a la jornada laboral, defiende una reducción a 35 horas semanales sin pérdida de salario.
Respecto al empleo, plantea penalizar el abuso de los contratos de muy corta duración, controlar el uso fraudulento de los fijos discontinuos y combatir la parcialidad no deseada.
En vivienda, propone una política de Estado que combine construcción y ampliación del parque público, regulación de los alquileres y medidas contra la especulación.
El sindicato también reclama políticas industriales, formación para generar empleo cualificado y mejoras en la prevención de riesgos laborales.
USO esperará a la formación del nuevo Gobierno
La organización ha anunciado que esperará a la celebración de las elecciones generales para valorar nuevas acciones sindicales.
Una vez constituido el nuevo Parlamento y conocido el Gobierno resultante de las urnas, USO evaluará el compromiso de las distintas fuerzas políticas con sus reivindicaciones.
A partir de ese análisis, sus órganos decidirán qué actuaciones consideran necesarias.
La organización no descarta, por tanto, futuras movilizaciones, pero rechaza sumarse a la huelga convocada para el 11 de noviembre.
También ha hecho un llamamiento a la participación electoral.
Para USO, el resultado del 29 de noviembre condicionará las decisiones políticas que se adopten en los próximos años en materia laboral y de vivienda.
Otros sindicatos también se desmarcan del paro general
CSIF y USO no son las únicas organizaciones que han mostrado su rechazo a participar en la convocatoria.
Según la información facilitada, Valorian y Fetico también se han desmarcado de la huelga general por la vivienda.
Por el contrario, entre las organizaciones que respaldan la convocatoria figuran UGT, CCOO, CGT y LAB.
Esta división pone de manifiesto las diferentes posiciones existentes en el ámbito sindical sobre la oportunidad de celebrar una huelga general durante el periodo electoral.
Mientras las organizaciones convocantes defienden la movilización ante la crisis de la vivienda, los sindicatos que no participarán cuestionan el contexto político o la eficacia del instrumento elegido.
Una huelga marcada por el debate político
La convocatoria del 11 de noviembre se produce después del rechazo parlamentario de dos decretos del Gobierno relacionados con la vivienda.
Las declaraciones de María Jesús Montero, que vinculó la protesta con las posiciones de los partidos de derecha en el Congreso, han intensificado el debate sobre su dimensión política.
Miguel Borra ha utilizado precisamente esas manifestaciones para justificar la decisión de CSIF de no secundar el paro.
USO, por su parte, centra sus críticas en la dificultad de dirigir una huelga a unas instituciones que se encuentran en funciones o disueltas.
Ambas organizaciones consideran que la proximidad de las elecciones generales exige preservar la autonomía sindical y trasladar las reivindicaciones a los partidos.
CSIF y USO coinciden en el rechazo, pero por motivos diferentes
Aunque ambas organizaciones han llegado a la misma decisión, sus argumentos no son idénticos.
CSIF pone el acento en el componente político e ideológico que atribuye a la convocatoria, especialmente después de las declaraciones de María Jesús Montero.
La organización de Miguel Borra considera que debe mantener su actividad centrada en la defensa de las condiciones laborales y en la negociación con los partidos.
USO cuestiona fundamentalmente la oportunidad y la eficacia de la huelga, al entender que, con el Parlamento disuelto y un Gobierno en funciones, no existe un destinatario institucional capaz de responder de manera efectiva.
Al mismo tiempo, USO reconoce la gravedad de la crisis de la vivienda y propone abordarla mediante una combinación de políticas habitacionales, salariales y laborales.
El 11-N divide a los sindicatos ante las elecciones generales
La huelga general por la vivienda del 11 de noviembre llega en un momento marcado por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Mientras CCOO, UGT, CGT y LAB respaldan la movilización, CSIF y USO han anunciado que no participarán, al igual que otras organizaciones que se han desmarcado del paro.
CSIF considera que la protesta presenta un componente político incompatible con la independencia sindical que reivindica.
USO, por su parte, sostiene que una huelga general necesita objetivos concretos y un interlocutor capaz de responder a las reclamaciones, circunstancias que considera que no concurren en el actual escenario institucional.
Ambos sindicatos apuestan ahora por trasladar sus reivindicaciones a las formaciones políticas que concurren al 29-N.
La principal diferencia está en el enfoque: CSIF insiste en mantener sus movilizaciones vinculadas a las condiciones laborales, mientras que USO defiende que la crisis de la vivienda exige una respuesta más amplia que incluya salarios, empleo estable y políticas públicas.
Así, la convocatoria del 11 de noviembre no solo sitúa la vivienda en el centro del debate político y social, sino que también evidencia las distintas estrategias de las organizaciones sindicales ante las elecciones generales.
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