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Irene Montero, ha publicado finalmente en su perfil en las redes sociales la sentencia de la condena que recibió en el Tribunal Supremo por llamar «maltratador» a la ex pareja de María Sevilla, quien fuera condenada en su día por secuestrar a su propio hijo.
La comunista Montero ha cumplido finalmente en la noche de este viernes con la obligación de dar difusión en sus redes sociales al texto de la condena, que se suma a los 18.000 euros que ya tuvo que pagarle a Rafael Marcos por presentarlo falsamente como maltratador.
La ministra de Igualdad cumplía así con otra parte de la sentencia que la condenaba, amén de ese pago y de la difusión de la sentencia, a borrar el mensaje colgado el 25 de mayo de 2022, en el que colgó el vídeo del discurso que realizó con «declaraciones lesivas contra el demandante».
La sentencia la obligaba, además, a «publicar, a su costa, el encabezamiento y parte dispositiva de esta sentencia en un periódico de ámbito nacional», cosa que también ha hecho en la noche del viernes, escogiendo para su publicación el diario de ultraizquierda Público.
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Montero ha agotado lo máximo posible el plazo de 20 días para cumplir con la sentencia, hasta el último día y, además, la podemita se ha afanado en intentar que pasase desapercibido, colgando el mensaje a las 23:27 horas en un viernes por la noche, y camuflándolo bajo una miríada de mensajes superfluos en su propio perfil.
Con escaso éxito, puesto que los usuarios de las redes rápidamente dieron difusión al mensaje con la condena a Irene Montero, que reproducimos a continuación.
Montero pagó los 18.000 euros de condena el pasado mes de septiembre, y también entonces lo hizo a regañadiente. La propia víctima de Montero, Rafael Marcos, ex pareja de María Sevilla, lo confirmó a este periódico. La ministra podemita estuvo al borde del embargo por no pagar esa cantidad.
Rafael Marcos demandó a Irene Montero por las palabras que pronunció el 25 de mayo de 2022 durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, y su difusión en redes sociales.
Aquel día, tras hacerse público el indulto concedido por el Gobierno a María Sevilla, la ministra de Igualdad señaló que el Estado tenía «una deuda» con «las madres protectoras», y que éste debía de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».
El Tribunal Supremo afirma que Irene Montero vulneró el derecho al honor de Rafael Marcos «sin base objetiva». «No hay ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de abusos sexuales en la persona de su hijo, por lo que la atribución de hechos de aquella naturaleza carece de cualquier base fáctica objetiva», enfatiza.
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