La supervivencia de la unidad de España y nuestra identidad religiosa, cultural y social enfrentan una amenaza sin precedentes bajo el mandato del socialista Pedro Sánchez. Los últimos datos oficiales de Eurostat correspondientes a 2024 confirman lo que muchos denunciamos como una «hoja de ruta» trazada entre la Moncloa y Rabat:
España ya concentra el 44,19% de todas las nacionalizaciones de marroquíes en la Unión Europea. Esta inmigración masiva marroquí no es un fenómeno casual, sino un proceso de ingeniería social financiado con el dinero de los contribuyentes españoles.
Mientras Francia e Italia endurecen sus controles, el Gobierno de Sánchez acelera la entrega de pasaportes, convirtiendo la nacionalidad española en un simple trámite burocrático que diluye nuestra soberanía y pone en jaque la seguridad nacional.
Las cifras son devastadoras. De los 97.100 marroquíes que obtuvieron la ciudadanía europea el pasado año, casi la mitad —42.910 personas— lo hicieron en territorio español. La diferencia con nuestros vecinos es insultante:
España nacionaliza a tres marroquíes por cada uno que lo consigue en Francia. Esta desproporción evidencia que el Ejecutivo ha convertido nuestras fronteras y nuestros registros civiles en una alfombra roja para Marruecos, cumpliendo punto por punto los acuerdos opacos mantenidos con el régimen de Mohamed VI.
Este incremento superior al 120% en las nacionalizaciones durante la última década no responde a una integración real. Al contrario, el Gobierno de Sánchez ha agilizado los procedimientos para regalar la nacionalidad a un colectivo islámico que, en gran medida, mantiene lealtades externas y valores ajenos a la familia y las raíces cristianas de nuestra nación.
En 2024, España alcanzó la cifra récord de 252.500 nacionalizaciones totales, situándonos como el gran coladero de ciudadanos extracomunitarios hacia el corazón de Europa.
Esta política de «papeles para todos» impulsada por la izquierda radical y el sanchismo busca alterar el censo electoral y crear redes de dependencia estatal. Al regalar la nacionalidad a 42.910 marroquíes en un solo año, el Gobierno premia la inmigración masiva marroquí frente al ciudadano español que ve cómo sus barrios pierden su identidad y seguridad tradicionales.
No estamos ante una crisis migratoria, sino ante una entrega planificada de la soberanía. Mientras el petróleo se desploma y las tensiones en el Estrecho crecen, Sánchez prefiere plegarse a los intereses de Rabat.
La cesión del espacio aéreo, la entrega de fondos millonarios y ahora esta nacionalización masiva demuestran que la prioridad de este Gobierno no es España, sino cumplir con la agenda globalista que busca la disolución de las naciones soberanas mediante la mezcla poblacional descontrolada.
No podemos permitir que la nacionalidad española se venda al mejor postor ni que se utilice como moneda de cambio diplomática con Marruecos. Una nación que no controla quién entra y quién se convierte en ciudadano está condenada a desaparecer. España no se regala; España se defiende.
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