Feijóo dirá "no" en el Senado a los Presupuestos Generales

El PP de Alberto Núñez Feijóo no suelta el pie del acelerador. El Senado está esperando a que lleguen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En el PP se muestran cautos a la espera de conocer negro sobre blanco todas las cifras de las cuentas públicas que prepara la vicepresidenta, aunque por lo expresado hasta ahora no van a contar con el principal partido de la oposición para sacarlas adelante.

 El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha explicado que con por lo que se conoce de las facturas que Pedro Sánchez debe pagar a sus socios, que se traduce en desequilibrios entre comunidades y recortes a los ciudadanos, el PP no va a apoyar ninguna partida presupuestaria:

«Ellos tienen sus socios, que vayan a buscarles». E insiste en que con el PP solo podrá contar «cuando quieran hacer las cosas bien, situando a las personas en el centro de la política».

Bravo recuerda que España es el cuatro país de la Unión Europea con mayor nivel de pobreza, y el primero en pobreza infantil, y por las medidas anunciadas en el decreto ‘omnibus‘, el vicesecretario de Economía de los populares interpreta que lo que ha hecho el Gobierno ha sido «quitar por un lado para poner por otro», mientras que lo verdaderamente importante no lo ha tocado, como el gasto superfluo de tantos ministerios o que se pongan 2.000 millones de euros para comprar acciones de telefónica y, sin embargo, se suba el IVA del gas o la electricidad, introduciendo más impuestos a los ciudadanos.

Por lo que respecta a lo que hará el PP cuando los Presupuestos lleguen al Senado, Juan Bravo, asegura que si se mantienen las propuestas conocidas hasta ahora, se los devolverán al Consejo de Ministros para que presenten una nueva propuesta de cuentas públicas, en primer lugar el techo de gasto, porque «no hemos visto ningún informe de la Abogacía del Estado y no sabemos si nos está mintiendo como nos ha mentido antes». Bravo recuerda a Montero que incluso en el informe a la UE sobre la economía española «ya está engañando porque se habla de un déficit del 3,2% y va a ser muy superior».

Y sobre las partidas presupuestarias, si mantienen los recortes a los ciudadanos no lo vamos a compartir. De seguir el anteproyecto de PGE los trámites y llegar al Senado para su aprobación definitiva en el Congreso, el PP decidirá si acudir al Tribunal Constitucional, una vez vistas todas las partidas y a qué se dedican, tanto los recortes a los ciudadanos como los gastos innecesarios de la Administración General del Estado.

Por lo que respecta a la actitud de María Jesús Montero, el vicesecretario de Economía del PP considera que es inaceptable la propuesta que ha presentado a las comunidades autonómas y ayuntamientos de déficit para 2024.

Recuerda que cuando ella era consejera de la Junta de Andalucía en 2014 criticó la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy de repartir el déficit en un 80% para el Estado y un 20% para las comunidades. Su propuesta ahora ha sido del 97% para el Estado y el 3% para las comunidades. Si ella misma afirmó que en 2014 aquel reparto era «injusto» en el PP no entienden cómo puede hacer ahora Montero esta propuesta.

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La nueva vicepresidenta ascendida por Sánchez ha estado haciendo cábalas con el calendario para ver la forma en que el Estado cuente con unos Presupuestos actualizados para este año. A mediados de diciembre pasado dio el primer paso con la aprobación del techo de gasto, que elevó hasta los 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023.

 Pero este primer paso no ha sido suficiente porque todavía falta que el Senado le dé su visto bueno y el PP, que cuenta con mayoría absoluta, no está por la labor. De esta forma, con el comienzo del año ya hecho oficial a Montero no le ha quedado otra que aceptar que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se prorroguen este año. Pero Montero no va a cejar en su empeño y espera que esta situación de prórroga solo se mantenga durante el primera trimestre porque sus cálculos son que en marzo estén aprobadas las nuevas cuentas.

 Así las cosas, España conoce de sobra lo que supone la prórroga de los presupuestos. En total ha habido ocho prórrogas desde la restauración de la democracia, dos de ellas continuadas las cuentas de 2018 se prorrogaron en 2019 y 2020. Y se venía de otros dos años con prórroga, 2016 y 2017 y también en este siglo 2011. Del siglo pasado se prorrogaron los de 1978, año en el que se aprobó la Constitución, y los de 1982 y 1995.

La Constitución española es muy clara sobre este aspecto. Su artículo 134 especifica que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior hasta la aprobación de otras cuentas públicas. Esta es la razón por la que en el último Consejo de Ministros de 2023, el Gobierno aprobara un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de las cuentas, que ascienden a 380.822 millones de euros.

El optimismo de Montero, que espera que los nuevos entren en vigor antes de que comience el mes de abril, contrasta con el difícil camino que deben pasar los presupuestos.

Ya sólo en el Congreso tendrán que pasar examen partida por partida no solo con el voto en contra de los partidos de la oposición (PP, Vox y UPN), sino que Montero deberá negociar con siete partidos que ya le están advirtiendo a Sánchez desde el minuto uno que nada se debe dar por seguro y, sin duda alguna, los cinco diputados de Podemos, por ejemplo, presentarán batalla para hacer ver que tan importantes son sus cinco votos como los cinco votos del PNV.

 Tampoco Junts se lo va a poner fácil toda vez que muchas de las facturas que Sánchez aún no ha pagado a Junts, con la amnistía en primera posición. Por el momento, EH Bildu sería el único de los siete partidos que apoyan a Sánchez el que le dará su apoyo a ciegas.

Montero se las prometía felices cuanto asistía a las reuniones en las que se pactó la investidura de Sánchez. Una de las condiciones, decían entonces, era que junto a la investidura también se incluía la estabilidad de la legislatura con el apoyo a los Presupuestos de cada año. Sin embargo, no parece que ese vaya a ser el camino.

Como tampoco lo va a ser el entorno internacional para que las cuentas públicas jueguen a la estabilidad y cumplan las reglas comunitarias, un acuerdo que dejó cerrado Nadia Calviño en su último consejo del Ecofin antes de irse del Gobierno al BEI.

Calviño ha dejado el camino marcado a Montero. Junto al techo de gasto (199.120 millones), el déficit de las Administraciones Públicas deberá situarse en el 3% del PIB en 2024 (e incluso Calviño ha ido más allá: del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026). Y al mismo tiempo la deuda pública deberá bajar al 106,3% en 2024; al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026, esto es un 1% menos cada año.

Y todo ello basado en un crecimiento económico (PIB) inferior al de 2023, que Calviño ha situado en el 2% para 2024, con la creación de unos 700.000 empleos. Con estas previsiones enviadas a Bruselas, pero sin el visto bueno de las Cortes, Montero espera ser capaz de aprovechar el impulso de los fondos europeos ‘Next Generation EU’.

 El Congreso de los Diputados será el primero en pronunciarse sobre los objetivos de estabilidad que contemplan los Presupuestos. El techo de gasto no tendrá que votarse en el Senado dado que ante el seguro rechazo del Senado, Moreno ha optado por alinearlo con las normas fiscales europeas, una estrategia de última hora para salvar este trámite imprescindible sobre el que se asentarán las cuentas públicas de este año.

Moreno también ha conseguido que la Abogacía del Estado elabore un informe jurídico para tramitar los presupuestos de este año, pese al bloqueo que puedan tener en el Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En dicho informe se fija que el Gobierno puede acudir en dos ocasiones (según la Ley Orgánica) a intentar aprobar los objetivos de Estabilidad en las Cortes Generales para los próximos tres años. El plazo máximo entre la primera sesión de objetivos y la segunda no puede exceder de un mes.

 El PP tumbará los PGE de 2024 en el Senado para que Montero haga unos nuevos mientras la ministra amenaza en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de endurecer los objetivos a comunidades y ayuntamientos
La ministra de Hacienda ya se ha reunido con las comunidades para explicarles los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2024.

Montero ha fijado para las comunidades un déficit del 0,1% del PIB, mientras para los ayuntamientos también les deja un margen de maniobra. Pero la ministra les ha advertido que si el Senado imposibilita la aprobación del techo de gasto, entonces las comunidades deberán volver a las previsiones de 2023, con un superávit del 0,2% para los ayuntamientos. Con esta última opción tanto comunidades como ayuntamientos tendrán menos margen de maniobra para cuadrar sus presupuestos regionales y locales.

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Fuente:  Moncloa