La reclamación se presentó el mismo día de la investidura de la nueva presidenta Prohens, tres años después de la contración
Politica22/02/2024
Impacto España Noticias
El Govern de Francina Armengol realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a la empresa del asesor del exministro José Luis Ábalos, y le reclamó 2,6 millones de euros en el último día de gobierno, en julio de 2023.
Según han informado fuentes gubernamentales, la reclamación se formalizó el mismo día en el que Margalida Prohens era investida presidenta, a instancias de un director de compras del Servicio de Salud (IbSalut), antes del traspaso de carteras.
Además, el IbSalut recibió en 2022 un requerimiento de la Guardia Civil en el marco de la investigación por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, por la que ahora ha sido detenido Koldo García Izaguirre.
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Fuentes del Ejecutivo anterior han defendido la actuación del Govern progresista asegurando que los contratos se hicieron "conforme a la ley".
INFORME DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN BALEAR
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dejó constancia de este contrato de 3,7 millones de euros en un informe general sobre la compra pública de emergencia durante la crisis sanitaria. Fue una investigación iniciada de oficio en 2020, sin ninguna denuncia previa, ante el incremento de compras de emergencia, generalmente más vulnerables a malas prácticas.
La Oficina constató un único encargo de Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que también contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario por 40,5 millones de euros. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del estado de alarma no se le habían adjudicado contratos de suministro de material de protección sanitario.
La sociedad presentó una única factura para el encargo realizado con el IbSalut, por 3.701.500 euros para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad. Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia.
Con todo, el organismo Anticorrupción advirtió que en la Plataforma de Contratación constaba otro contrato por "servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID", por 56.715,24 euros (1,5% de la factura de suministro de material). La factura correspondiente no se facilitó a la Oficina.
Fue la empresa quien contactó con el IbSalut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado. El IbSalut tendría que hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma. Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo.
En sus recomendaciones, el informe de la Oficina Anticorrupción balear advertía contra el uso abusivo del procedimiento de emergencia y la necesidad de analizar debidamente la integridad y solvencia de los suministradores de material.
También consideró que se hizo un acopio de mascarillas para más tiempo del necesario, "con proveedores desconocidos y a los precios que estos imponían", aunque su análisis concluyó que no se habían producido sobrecostes en los precios facturados al IbSalut, dadas las circunstancias del momento de la fabricación y venta de material en China.
UN DIRECTIVO APARECÍA EN LOS 'PARADISE PAPERS'
La Oficina Anticorrupción balear consultó los datos empresariales de la compañía e hizo constar que, como administrador único aparecía otra empresa, Purdey Investment SL, que a su vez tenía como administrador único a una persona, José Ángel E.S.
El organismo fiscalizador advirtió en su informe que dicho directivo aparecía en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta. De hecho, ya entonces la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil habían investigado, un año antes, a esta sociedad.
Aquella investigación fue por un posible caso de corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda.
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