Los centros de menas, al extrarradio. VOX y PP sellan un acuerdo sobre una Proposición No de Ley del partido liderado por Santiago Abascal que busca “aplicar medidas urgentes frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias en la Comunidad Valenciana”. El texto definitivo, que se votará este miércoles en el pleno del parlamento regional.
El documento principal promueve la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los núcleos urbanos, “con la finalidad de que los menas no generen problemas de convivencia ni de seguridad”.
Además, impulsa la firma de acuerdos para “la reintegración de los menas bajo tutela de la Generalidad Valenciana en sus países de origen”, ya sea para facilitar la reagrupación familiar o para que los servicios de protección de esos países asuman la tutela.
Por último, reclama la publicación periódica de estadísticas sobre la delincuencia y la inseguridad asociadas a la inmigración masiva en la Comunidad Valenciana, algo que el PP ya había aceptado incorporar al Plan Estadístico de la Generalitat en octubre pasado.
En paralelo, la norma rechaza “las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España”. El parlamento también pide al Consell que impulse un programa de retorno voluntario.
Durante la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente valenciano, el popular se comprometió verbalmente con varias iniciativas de VOX: defendió averiguar “la identidad y los datos de origen de las personas” que cometan delitos, argumentando que y que esta medida no implica racismo ni señalamiento, sino que sirve para “preservar la convivencia y la seguridad de las personas”.
También justificó el rechazo a la “inmigración masiva y mal gestionada” por la presión adicional que genera sobre unos servicios públicos que ya operan al “límite” debido a la infrafinanciación.
La propuesta de VOX incluía exigencias directas a Moncloa, como la repatriación de inmigrantes que accedieran ilegalmente o la prioridad de los españoles a la hora de recibir ayudas sociales.
Ante esa tesitura, El PP presentó enmiendas para suavizar esos puntos —condicionando la repatriación a que vuelvan a cometer delitos (aparte de entrar ilegalmente en España) o vinculando las prestaciones al arraigo y a la búsqueda activa de empleo.
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