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La Comisión de Venecia considera que la amnistía debería aprobarse por una mayoría reforzada del Congreso y no por una mera absoluta. Tan sólo un día después de que la Ley pactada entre el PSOE y Junts para el borrado penal del procés resultase aprobada en la Cámara Baja, antes de ser remitida al Senado, el órgano consultivo del Consejo de Europa ha emitido su dictamen final sobre la polémica norma.
La Comisión cuestiona, como ya lo hizo en anteriores ocasiones, que la vía de urgencia haya sido elegida para su tramitación, como Proposición de Ley de un grupo parlamentario en lugar de recurrir a un Proyecto gubernamental que hubiera exigido los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.
La Comisión de Venecia ha reiterado, además, que las leyes de amnistía no deben ser diseñadas para beneficiar a individuos concretos. Un matiz que pone la lupa en las últimas enmiendas del texto, exigencia de los separatistas catalanes, para garantizar que su líder Carles Puigdemont quede incluido en la misma.
Aunque el contenido íntegro del dictamen no se conocerá, con toda probabilidad, hasta el próximo lunes por la tarde –para poder cumplir con la costumbre de distribuirlo traducido a varios idiomas– este diario ha podido conocer algunas de las recomendaciones formuladas por los miembros de la plenaria, para ajustar la iniciativa al marco europeo.
Entre ellas, la necesidad de acotar el alcance tanto material, como temporal, de la aplicación de la norma. Así como concretar el delito de terrorismo y qué tipología del mismo quedarían penalmente borradas, una vez excluidas las violaciones graves de derechos humanos.
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La Comisión ha escuchado, antes de comunicar su veredicto, tanto al presidente del Senado, Miguel Rollán, como a la secretaria segunda de la Cámara Baja, Isaura Leal. Hasta Italia se han desplazado, también, los senadores socialistas, Antonio Gutiérrez Limones y Ángeles Luna, y el popular Javier Maroto, como vicepresidente primero de la Mesa.
Cabe recordar que hace unas semanas trascendía un primer borrador del trabajo de la Comisión que provocó una agria polémica a raíz de la interpretación formulada por el Gobierno que aseguró que el órgano europeo daba su visto bueno al texto de la norma y a su encaje legal en el marco del ordenamiento comunitario. Una valoración que fue inmediatamente desmentida por juristas y expertos.
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