Impacto España Noticias
La Audiencia Nacional investiga bajo secreto las comunicaciones entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez para determinar si los negocios petroleros desarrollados en Venezuela pudieron estar relacionados con una supuesta financiación irregular del PSOE.
El Juzgado Central de Instrucción número 2, dirigido por el magistrado Ismael Moreno, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice cientos de mensajes intercambiados durante varios años entre el empresario y la dirigente venezolana.
Las conversaciones, aportadas por Aldama en el marco de su colaboración con la Justicia, fueron mantenidas a través de Threema, una aplicación de mensajería que destaca por sus sistemas de seguridad y privacidad.
De acuerdo con la información publicada, los investigadores analizan las comunicaciones para conocer el alcance de la relación de Aldama con diferentes miembros y niveles del Gobierno de Nicolás Maduro.
El empresario habría desempeñado funciones de intermediación en distintas operaciones de compraventa de petróleo venezolano, algunas de ellas vinculadas a la compañía suiza Pegaso Energy.
Entre los mensajes examinados aparecen referencias a cargamentos de crudo, problemas logísticos, pagos y acuerdos comerciales. Las comunicaciones también permitirían reconstruir algunas de las operaciones que Aldama habría gestionado con interlocutores venezolanos.
En junio de 2021, por ejemplo, el empresario habría enviado a Rodríguez una propuesta de Pegaso Energy relacionada con una operación de fuel oil que contaba con la participación de socios rusos.
En ese intercambio, Aldama habría explicado que varios cargamentos estaban situados en el puerto de Amuay, en la península de Paraguaná, y que las empresas con las que trabajaba pretendían adquirir más de 15 millones de barriles de petróleo venezolano en un periodo aproximado de seis meses.
Las conversaciones analizadas por la Justicia también hacen referencia a diferentes dificultades surgidas durante las operaciones petroleras.
En uno de los mensajes, Aldama habría comunicado que un barco llevaba alrededor de 30 días esperando para realizar la carga en Amuay. Posteriormente, habría informado de otros problemas relacionados con el transporte de los cargamentos.
Rodríguez habría intervenido en las conversaciones para conocer la situación de los pagos. Según la información publicada, la dirigente venezolana habría advertido de que PDVSA no permitiría nuevas operaciones con clientes que mantuvieran deudas pendientes.
Otro de los intercambios habría estado relacionado con un cargamento de aproximadamente 215.000 barriles de petróleo y con el sistema empleado para efectuar los pagos mediante cuentas rusas asociadas a Pegaso.
De acuerdo con los mensajes incorporados a la investigación, una de estas operaciones habría supuesto unos 3,9 millones de dólares para la industria petrolera venezolana. En otras conversaciones aparecen propuestas para transportar cargamentos de hasta un millón de barriles y encadenar diferentes operaciones valoradas en varios millones de dólares.
Además del análisis de las operaciones petroleras, la investigación judicial estudia las declaraciones realizadas por Aldama ante la Justicia.
El empresario ha afirmado que habría entregado dinero en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Según la versión ofrecida por Aldama, esos fondos procederían de negocios relacionados con el petróleo en Venezuela y tendrían como destino la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
Una de las entregas que menciona el empresario habría alcanzado los 300.000 euros y, siempre según su testimonio, se habría producido el 3 de enero de 2020 en el domicilio de Ábalos situado en la urbanización madrileña de El Viso.
Estas afirmaciones forman parte de la declaración de Aldama y están siendo objeto de investigación y comprobación judicial.
La Audiencia Nacional también trata de determinar si existió alguna conexión entre las supuestas operaciones económicas investigadas y la evolución de la política exterior española respecto a Venezuela durante el primer mandato de Pedro Sánchez.
Uno de los aspectos examinados es el cambio de posición del Gobierno español respecto al reconocimiento de Juan Guaidó, que contó inicialmente con el respaldo de España, y la posterior evolución de esa postura.
La investigación pretende establecer si las relaciones empresariales y políticas descritas por Aldama tuvieron algún impacto en las decisiones adoptadas por España o si, por el contrario, se trató de hechos independientes.
La causa también analiza las afirmaciones de Aldama sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El empresario ha relacionado al exmandatario con sus acusaciones sobre una supuesta financiación opaca del PSOE a través de Venezuela. No obstante, estas afirmaciones forman parte del relato aportado por Aldama y deberán ser contrastadas y verificadas durante la investigación judicial.
Por ahora, la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto buena parte de las actuaciones mientras la UCO analiza las comunicaciones y documentación aportadas al procedimiento.
El objetivo de la investigación es determinar si las operaciones petroleras, las relaciones de Aldama con dirigentes venezolanos y las supuestas entregas de dinero mencionadas por el empresario estuvieron conectadas entre sí y si pudieron tener alguna relación con una eventual financiación política irregular.
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