El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia Primera, de María Jesús Montero, ignoró, desoyó e inadmitió la denuncia presentada por una empresaria que licitaba con su sociedad a los mismos contratos que acabaron en manos de la UTE formada por Innova Next y Digital Valley Business School, empresas a las que la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, firmó presuntamente una carta de recomendación que habría influido positivamente en adjudicar cuatro contratos públicos, tres a Innova y The Valley y otro a Innova Next y KPMG Asesores.

 La denuncia del sindicato Manos Limpias, admitida por un juez de Madrid, recoge la carta de recomendación de Begoña Gómez a una UTE de dos empresas para que accedieran a contratos públicos: «La dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE (Fondo Social Europeo).

Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados», decía la carta firmada por Begoña Gómez. La empresa de Carlos Barrabés logró las adjudicaciones gracias a que obtuvo la máxima valoración en el apartado subjetivo de la valoración del tribunal.

«La denunciada, prevaliéndose de su estatus personal (esposa) del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», indica la denuncia de la asociación encabezada por Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias.

 Los denunciantes ponen como ejemplo de esa influencia la lucha de una empresaria gallega llamada Noelia Martínez, que alegó ante Hacienda el 17 de agosto de 2021 que ninguna de las dos empresas presentadas en la UTE avalada por Begoña Gómez poseía un plan de igualdad, requisito imprescindible para acceder a cuatro contratos que ofertaba la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 12,8 millones de euros que acabaron en la UTE recomendada por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La denunciante recurrió la licitación concedida a las empresas apoyadas por la esposa del presidente Sánchez, porque ella acudía a la licitación con la empresa NT For Learning, alegando que la UTE no cumplía los requisitos para conseguir esos cuatro contratos y que la suya sí, pero no logró optar a ellos.

Éste es uno de los muchos indicios investigados por Manos Limpias, los denunciantes ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, al igual que los contactos de la esposa del presidente con Víctor de Aldama, uno de los comisionistas imputado en la trama Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.

En este caso, la denuncia acusa a Begoña Gómez de poner en contacto a Aldama con la empresa Globalia y gracias a ello el empresario habría conseguido casi 7 millones de euros. Posteriormente, Globalia -matriz de Air Europa- consiguió ser rescatada por el Gobierno español con 40 millones de euros, al ser considerada empresa estratégica.

 BEGOÑA GÓMEZ Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La denuncia de la empresaria gallega es uno de los indicios que han sido aportados al juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra Begoña Gómez por el presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y admitida por el Juzgado que ya ha comenzado a incoar diligencias.

 Manos Limpias sostiene que, entre otras supuestas irregularidades, Begoña Gómez influyó con su carta de recomendación en la adjudicación de cuatro contratos a la UTE de Innova Next y Digital Valley (3) y a una formada por Innova Next y KPMG Asesores. Innova Next es la empresa ligada al empresario Carlos Barrabés, empresario recomendado por Begoña Gómez por carta, tal y como desveló hace unos días el periódico digital El Confidencial. La licitación de Red.es era para contratar el «Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital».

«INNOVA NEXT Y THE VALLEY, SIN TENER PLAN DE IGUALDAD, SE PRESENTARON AL CONCURSO Y ADEMÁS DE NO SER EXCLUIDAS RESULTARON ADJUDICATARIAS».
La cuestión es que, según la denuncia de Manos Limpias, la adjudicataria Red.es, que dependía de la entonces ministra Nadia Calviño, «exigía a todos los licitadores que contaran con un plan de Igualdad. Lógicamente las empresas que no tenían implantado dicho plan no se presentaron a la licitación ya que de hacerlo, con toda seguridad, hubieran sido excluidas.

Aun así, Innova Next y The Valley Digital Business School, sin tenerlo, se presentaron al concurso y además de no ser excluidas resultaron adjudicatarias».

 EL ADJUDICATARIO RESPALDADO POR BEGOÑA GÓMEZ
El punto 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares de esos contratos recogía en sus «condiciones especiales de ejecución de contrato» que «el adjudicatario del presente contrato deberá contar con un pan corporativo de igualdad, entendido por tal lo previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres» y además, dejaba bien claro que «a estas condiciones especiales de ejecución se le atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP».

 Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno
Además, el apartado 8.2 titulado Propuesta sobre la documentación a aportar, en su punto b, recoge que será necesario «acreditar las siguientes circunstancias», entre ellas que «el licitador cuenta con un plan corporativo de igualdad (…).

La acreditación se efectuará mediante declaración responsable que, junto al plan, deberá ser aportada en un plazo máximo de quince días hábiles una vez requerido para ello. Dicha declaración responsable podrá ser comprobada en cualquier momento por Red.es».

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PLANES DE IGUALDAD OBLIGATORIOS
La denuncia de Manos Limpias ante el Juzgado añade que «con anterioridad a la presentación de las ofertas, dos de los licitadores formularon consultas a la Mesa de Contratación en relación con las UTE´s ante la duda sorbe si la normativa exigida en el Plan de Igualdad, deben cumplirla todos los miembros o basta con la que la cumpla solamente uno de ellos.

 En todo caso la Mesa no lo aclara y se remite a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». El sindicato de funcionarios apela además al reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre solvencia de las UTES, que recoge que «si se crea una UTE todos los miembros de la UTE tienen que tener los siguientes requisitos: ISO9901, ISO27001, Plan de Igualdad y formación en GDPR de 10 horas».

La denunciante recogía en sus alegaciones ante Hacienda que «el plan de Igualdad de la entidad The Valley Business School tiene vigencia desde el 12/01/2021, no cumpliendo por lo tanto el requisito en el momento de licitar» y «la entidad Innova Next S.L.U. no cuenta con el Plan de Igualdad registrado, no cumpliendo por lo tanto el requisito en el momento de licitar».

 Noelia Martínez añadía en su reclamación que «si atendemos a la puntuación total final obtenida por las ofertas admitidas en el procedimiento, la entidad a la que represento ocupa el tercer puesto pero tampoco las entidades que conforman la UTE que habría obtenido el segundo puesto en la puntuación cumplen el requisito reseñado para resultar adjudicatarias del referido Lote 1».

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Las alegaciones explicaban que «mi representada, NT For Learning, cumple el referido requisito ya que cuenta con un Plan de Igualdad en vigor desde el día 31/03/2020 según consta en el registro público REGCON».

Tras la denuncia el 3 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) resolvió suspender los lotes 1 y 3 a los que licitaba la UTE, mientras que al resto de lotes, 2, 4, 5 y 6, se levantaba la suspensión.

Finalmente el 11 de noviembre el TACRC inadmitió el recurso de NT For Learning, y levantó también la suspensión de los lotes 1 y 3, «se da la circunstancia que mientras la Resolución de Suspensión estaba firmada electrónicamente por la Secretaria general del Tribunal, en este último caso nadie va a firmar la nueva resolución, entendemos que por ser, presuntamente, del todo prevaricadora», apunta Manos Limpias.

 De momento el juez instructor ya ha llamado a testificar a los periodistas que iniciaron las denuncias periodísticas sobre este caso y publicaron las cartas de recomendación presuntamente firmadas por Begoña Gómez a la UTE.

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