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Los Veintisiete han dado luz verde final este lunes a las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que, tras cuatro años congeladas debido a la pandemia, volverán a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros. Estas normas entrarán en vigor este mismo martes, coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial.
La revisión incluye la reforma del reglamento sobre los brazos preventivo y correctivo, así como la nueva directiva sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los Estados miembro.
El objetivo de esta reforma es reducir los ratios de deuda y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Además, el nuevo marco brindará un margen adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.
Ahora, cada Estado miembro deberá presentar sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024. La Comisión, por su parte, presentará una trayectoria de referencia (anteriormente llamada “trayectoria técnica”) a los países donde la deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o el déficit público se sitúe por encima del 3% del PIB, como es el caso de España.
La trayectoria de referencia indicará cómo los Estados miembro pueden garantizar que, al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.
Además, un Estado miembro podrá solicitar la presentación de un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso si hay un cambio de gobierno. En base a la trayectoria de referencia de la Comisión, los países de la UE trazarán su ajuste fiscal, expresado en trayectorias de gasto neto en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo.
Las nuevas reglas fiscales fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento. Los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE.
Estas incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.
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