Y es que los propios sindicatos que ahora reclaman ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el cumplimiento del ‘diálogo social’ en Castilla y León lo han incumplido en otras ocasiones
Noticias08 de mayo de 2024
Impacto España Noticias
Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León han solicitado a VOX un informe que responda a la reclamación de UGT y CCOO por la constante retirada de subvenciones (el 95%).
El departamento de Veganzones ha sido claro asegurando que los sindicatos «no tienen por finalidad la evaluación de las políticas públicas consensuadas en el marco del ‘diálogo social‘», sino «la obtención de subvenciones para sus propias organizaciones».
«Este no es el espíritu del ‘diálogo social’ reflejado en su ley de creación en el que el papel que juegan los sindicatos es el de representar a los trabajadores y no a sus propias organizaciones e intereses», han afirmado en el informe de la consejería de Industria, Comercio y Empleo añadiendo que su apuesta es la de un ‘diálogo social’ eficaz, eficiente y con un coste adecuado, que desarrolle políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos.
«Los acuerdos que se han alcanzado (y se siguen alcanzando) en el marco del ‘diálogo social’ son de carácter político, no jurídico. Son compromisos de conducta, no acuerdos vinculantes», han aclarado.
De hecho, el Tribunal Supremo ya indicó que que tanto UGT, CCOO y la patrona son organizaciones representativas, pero que estas no son los únicos interlocutores sociales con los que la Junta puede colaborar en el marco del ‘diálogo social’.
Y es que los propios sindicatos que ahora reclaman ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el cumplimiento del ‘diálogo social’ en Castilla y León lo han incumplido en otras ocasiones.
Además, omiten los incumplimientos del Gobierno de España en materias tan sensibles como el SMI, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Becario, la Jornada Laboral o la Negociación Colectiva.
«Esta falta de crítica al Gobierno de España por hacer caso omiso al Diálogo Social responde a los cerca de 34 millones de euros que han recibido de la administración central en los últimos dos años, en pago por el mantenimiento de una supuesta paz social», revelan.
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