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El uso partidista de las administraciones ha alcanzado cotas sin precedentes bajo el actual mandato de Pedro Sánchez. El gobierno vulnera de forma sistemática el espíritu legislativo mediante el abuso flagrante del real decreto-ley. El BOE publicó el miércoles una batería de medidas que el Consejo de Ministros aprobó el día anterior. Este paquete normativo busca un impacto directo en las urnas bajo el amparo de una falsa urgencia.
El Ejecutivo pretende asegurar votos de cara a los próximos comicios mediante estas concesiones de última hora. No nos encontramos ante una muestra de sensibilidad social, sino ante una estrategia electoralista que compromete la estabilidad financiera de la Seguridad Social. Sánchez utiliza los recursos de todos los contribuyentes para financiar su supervivencia política mientras las encuestas vaticinan un escenario sumamente adverso para el PSOE.
El recurso al decreto-ley exige una coyuntura de extraordinaria y urgente necesidad según la Constitución Española. Sin embargo, Sánchez transforma este mecanismo excepcional en una herramienta demagógica de marketing político. El Gobierno dota de una sospechosa celeridad a una serie de reformas laborales y asistenciales que guardó en un cajón durante meses.
El texto publicado en el BOE afirma categóricamente que «la extraordinaria y urgente necesidad queda más que justificada en la aprobación de este real decreto-ley».. Esta afirmación carece de rigor técnico. El Ejecutivo recurre a esta fórmula jurídica con el único propósito de evitar el trámite parlamentario ordinario. De este modo, esquiva el control de la oposición y el debate público sobre la sostenibilidad de sus promesas.
Esta anomalía democrática se agrava al constatar que el Gobierno se encuentra formalmente en funciones. Un Ejecutivo en dicha situación debe limitarse a la gestión ordinaria de los asuntos públicos salvo en casos de verdadera emergencia nacional.
Lejos de actuar con la prudencia institucional requerida, Pedro Sánchez actúa como un farsante que aprueba medidas de un marcado carácter ideológico. El candidato instrumentaliza las carencias de los sectores más vulnerables de la sociedad con fines partidistas. Las arcas públicas no deben servir como un fondo de propaganda electoral para revertir los malos pronósticos de los sondeos.
El paquete normativo incluye cambios profundos en las prestaciones por viudedad destinadas a las parejas de hecho con descendencia. A partir de la entrada en vigor de la norma, los progenitores que acrediten una convivencia estable de dos años -aunque no estén registradas como parejas de hecho-tendrán acceso a esta pensión de forma automática.
Una medida demagógica pero ideológicamente sectaria ya que da los mismos beneficios a una unión convivencial de un par de años que al matrimonio. El texto obvia la obligatoriedad de la inscripción formal en los registros públicos específicos.
Detrás de esta medida se esconde una peligrosa desregulación que debilitará los requisitos formales de acceso al sistema contributivo. El Gobierno alega motivos de eficiencia jurídica y sostiene que «La adaptación del régimen de la pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho con hijos o hijas en común resulta urgente para evitar situaciones de desprotección derivadas de exigencias formales que no se corresponden con la realidad social actual, así como para reducir la elevada litigiosidad existente en esta materia».
No obstante, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, evitó desglosar los detalles técnicos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ocultó que el incremento en las pensiones de orfandad por violencia machista exige «siempre y cuando las personas huérfanas se hallen en una situación equiparable a la orfandad absoluta». El Ejecutivo prefiere la opacidad del anuncio general antes que reconocer las severas restricciones de la letra pequeña.
La reforma introduce además un subsidio por incapacidad temporal dirigido a mujeres con patologías asociadas a la menopausia. El Gobierno justifica esta nueva contingencia laboral mediante un redactado de extrema urgencia:
«Las reformas introducidas en el ámbito de la incapacidad temporal resultan inaplazables para dar respuesta a nuevas realidades sociales y sanitarias de especial incidencia en la capacidad laboral. La ausencia de una regulación específica adecuada compromete la efectividad de la acción protectora del sistema y puede generar situaciones de desprotección que exigen una intervención normativa inmediata». El Ejecutivo disfraza de urgencia médica lo que constituye una maniobra de distracción política para atraer el voto femenino en plena precampaña.
El verdadero problema de estas decisiones radica en su impacto a largo plazo sobre las cuentas del Estado. El Gobierno asume compromisos financieros permanentes a través de prestaciones de carácter estructural. No se trata de desembolsos puntuales o créditos extraordinarios de fácil amortización.
El Ejecutivo incrementa el gasto fijo de la Seguridad Social de manera indefinida en un momento de máxima vulnerabilidad macroeconómica. A pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social oculta el coste real de estas reformas y mantiene bajo secreto el alcance económico global de la norma.
Pedro Sánchez regala dinero de manera irresponsable mediante promesas multimillonarias en materia de alquiler asequible y subsidios directos. Esta estrategia busca hipotecar el futuro de las próximas generaciones con tal de arañar un puñado de votos en los sectores subvencionados.
La aprobación sistemática de reales decretos durante los denominados «martes sociales» constituye una estafa democrática. El presidente del Gobierno instrumentaliza las necesidades reales de los ciudadanos y descapitaliza el sistema público de pensiones con fines estrictamente personales.
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