Junts ha pedido que se repita la votación en el extranjero de las elecciones catalanas del pasado 12M porque considera que se ha comprometido la "integridad" del proceso por "graves irregularidades", al destruirse votos considerados inválidos antes de que finalizara el plazo de impugnación. 

La formación liderada por el expresidente Carles Puigdemont ha interpuesto una queja ante las cuatro Juntas Electorales Provinciales de Cataluña en las que pide que se repita el proceso electoral del voto en el extranjero relativo a las elecciones del 12-M y que no se proclamen los resultados hasta celebrar de nuevo esta votación.

Según Junts, la "destrucción" de votos por su supuesta invalidez antes de que expire el plazo para impugnarlos "compromete seriamente los derechos electorales de los ciudadanos y la integridad del proceso electoral".

"Parece evidente que lo que ha ocurrido en este proceso electoral ha comportado unos perjuicios relevantes, pero, sobre todo, ha puesto en duda la pulcritud, rectitud, legalidad e imparcialidad del proceso, así como del sistema que impide garantizar a los catalanes residentes en el extranjero su derecho de participación política", expone Junts en sus cuatro escritos.

En concreto, Junts apunta que en Barcelona hay un total de 1.922 papeletas correspondientes al voto desde el extranjero que no se han escrutado y se han destruido -el 11,05 de los recibidos desde el exterior en esta provincia-, que en Girona han sido 446 los votos del exterior no contados y destruidos -el 22,84 %- y en Lleida 320 -el 18,8 %-, mientras que de Tarragona no da cifras. 

 Las Juntas Electorales Provinciales de Girona, Lleida y Tarragona hicieron públicos ayer los escrutinios de los residentes en el exterior, en un recuento que no alteró el reparto de escaños.

 Para el partido de Carles Puigdemont, que quedó segundo en las elecciones del 12-M, por detrás del PSC, cuando no se contabilizan los votos y se destruyen se produce una "alteración manifiesta" de los resultados electorales, con la consiguiente "vulneración del derecho de participación política" tanto de los electores como de los candidatos.

Según Junts, el hecho de que se hayan dejado fuera de las urnas estos votos y que no se han escrutado no es "atribuible a errores de los votantes" sino a lo que consideran un "error sistémico" relativo a los votos CERA o "peor aún", un incumplimiento de la ley electoral.

Para Junts, esta situación se ve "agravada" si se tiene en cuenta que estos votos no contabilizados fueron destruidos antes del plazo legal para impugnar, con lo que se "priva" de un derecho efectivo de defensa sobre las garantías del proceso electoral.

 Según los escritos de Junts, cuando los votos se destruyen por su supuesta invalidez antes de que transcurra el plazo para impugnarlos los votantes y candidatos pierden la capacidad de defender su validez, se reduce la transparencia del proceso electoral y se puede generar "desconfianza" en su integridad, "afectando a la credibilidad del sistema democrático".

Asimismo, Junts advierte de que la "destrucción prematura" de los votos puede "ocultar errores o irregularidades" en el proceso de recuento, "ya sean accidentales o intencionados", y dificultar la identificación y corrección de estos problemas.

Además, también argumenta que la falta de acceso a los votos destruidos "impide" que los tribunales electorales puedan evaluar "adecuadamente" las reclamaciones y tomar decisiones "justas" basadas en toda la evidencia disponible.

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En este sentido, remarca que la destrucción de votos sin respetar el plazo establecido "puede ser considerada desproporcionada y contraria a la legalidad" y que la falta de acceso a los votos destruidos impide una "adecuada supervisión" y "puede comprometer la legitimidad del proceso".

En este sentido, remarca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido que los Estados tienen que garantizar que los procesos electorales sean "transparentes y justos" y que se respeten los derechos de los ciudadanos, por lo que, insiste, la "destrucción prematura" de los votos podría ser considerada una "violación" de estos principios y derechos.

Por todo ello, solicita que, para "revertir la vulneración de los derechos de los electores y de las candidaturas", se proceda a la repetición del proceso electoral del voto en el exterior relativo a Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y que se suspenda la proclamación de los resultados hasta que se repita de nuevo la votación

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