Hasta hace poco, España y Venezuela compartían un récord: liderar el ranking mundial de morosidad con los inversores internacionales. Sin embargo, la feroz competencia entre empresas y fondos de energías renovables ha colocado a España en la cima de este podio.

Este hecho se desprende de la última actualización del Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales, elaborado por el jurista y académico holandés Nikos Lavranos. Este índice está siendo utilizado por las «víctimas» de los impagos para presionar al Gobierno español y a las autoridades europeas.

Esta semana, Lavranos y representantes de las empresas afectadas han estado en Madrid para presentar nuevas cifras y, sobre todo, para tender la mano al Ejecutivo en busca de una solución negociada.

 El ascenso de España en la lista de morosos es resultado del constante flujo de condenas por impagos a empresas de energías renovables, que han estado luchando en tribunales de arbitraje debido a los cambios legislativos implementados por el gobierno de Mariano Rajoy.

España acumula el 26% de los incumplimientos a nivel mundial, superando a Venezuela con el 25%. Rusia representa el 15%. En total, el Gobierno español enfrenta 50 denuncias de inversores internacionales, de las cuales 31 ya han sido resueltas en las cortes de arbitraje.

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Al finalizar 2023, España y Venezuela acumulaban 15 condenas cada una. La cifra actualizada asciende ahora a 26 para España. Algunas de estas condenas aún no están totalmente cerradas, ya que han sido apeladas por los abogados del Estado. Sin embargo, fuentes cercanas a los afectados consultadas consideran que las nuevas victorias están prácticamente aseguradas, a la luz de lo ocurrido en la mayoría de los casos anteriores. Estas condenas ampliarán aún más la distancia entre España y Venezuela.

A pesar de todo, Venezuela sigue superando a España en la cantidad adeudada. Según este parámetro, Rusia lidera el ranking con 60.000 millones de dólares, seguida de Venezuela con 7.100 millones. España debe 1.562 millones.

A esta cifra se deben sumar otros conceptos como los intereses de demora, las condenas en costas y los honorarios de los abogados. Solo en estos tres conceptos, se estima que España incurrirá en un gasto adicional de aproximadamente 250 millones de euros. En total, la deuda rondaría los 1.900 millones de euros.

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