El juez llama a declarar como imputada a Begoña Gómez el 5 de julio

El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar a la imputada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por corrupción el próximo 5 de julio. El magistrado instructor del Juzgado número 41 de Madrid ha dictado una resolución por la cual la codirectora del máster de Transformación Social Competitiva e inquilina del Palacio de La Moncloa tendrá que acudir a Plaza Castilla dentro de 31 días.

Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informan que «el Juzgado ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio, a las 10:00 horas, en el marco de las diligencias previas 1146/2024 por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias».

Por primera vez en la democracia española, la mujer de un presidente del Gobierno tendrá que dar explicaciones ante la Justicia por sus negocios privados realizados desde el Palacio de La Moncloa.

Tras la denuncia de Manos Limpias por «prevalerse de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno, el juez abrió diligencias. Todo pasa por inspeccionar las cartas de recomendación firmadas de puño y letra por Begoña Gómez a favor de la compañía de Carlos Barrabés, quién a su vez le ayudó a montar los máster y la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

La decisión judicial de llamar a declarar a Begoña Gómez coincide con la confirmación de que los altos cargos del Gobierno Pedro Sánchez implicados en las adjudicaciones a Barrabés no declararán hasta después de las elecciones europeas que se celebrarán este domingo 9 de julio. Tras la petición de Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente, de suspender la vista por tener otro juicio –el del caso de los actores de la serie Cuéntame cómo pasó–, Peinado ha accedido.

Por otra parte, el socio Carlos Barrabés –principal testigo en la investigación judicial– también ha solicitado que se aplace su comparecencia. Barrabés ha enviado un correo electrónico al juez instructor en el que asegura que padece un grave problema de salud. Esgrime que tiene problemas de movilidad, lo le impide ir al juzgado. Por el momento, el juez tiene pendiente analizar esos razonamientos para determinar si conviene retrasar también esa vista.

El juez Peinado dictó tres escritos judiciales en los que calificaba a Begoña Gómez como «investigada». Multitud de voces salieron a decir que era un error y que formalmente la primera dama no estaba imputada. Sin embargo, tras el levantamiento del secreto de sumario se descubrió que en efecto, el juez cuando ponía «investigada» quería poner «investigada».

En un auto expresamente explica que, aunque todavía no convenía llamar a Begoña Gómez a declarar, por garantías procesales le daba ese estatus a todos los efectos. A partir de ahí su abogado interviene en las primeras declaraciones de testigos, las de los periodistas que publicaron informaciones sobre el caso. Ahora, Peinado llama a declarar a Begoña Gómez para dentro de cuatro semanas, para el viernes 5 de julio.

El interrogatorio como imputada le permite acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox, Hazte Oír y el Movimiento de Regeneración Política de España. En todo caso, la Fiscalía ha pedido al juez Peinado la «acumulación» de las acusaciones populares en la causa para evitar «incurrir en previsibles dilaciones indebidas».

 Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado su visto bueno a la decisión de abrir la investigación. Aunque corrigió al juez por declarar el secreto de las actuaciones, los magistrados tumbaron el inusual recurso de la Fiscalía de archivar el caso en este momento procesal.

La Audiencia confirma que sí existían «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU, propiedad del empresario Carlos Barrabés.

Fiscalía Europea
En paralelo, otro movimiento reciente de Peinado es abrir una pieza separada para determinar si la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) es la competente en quedarse la investigación. El Ministerio Público a nivel europeo tiene un fiscal designado por Pedro Sánchez, Ignacio de Lucas, que tiene un hermano que fue senador por el PSOE. Se trata de una fiscalía de reciente creación que sin experiencia en la materia también quiere arrebatar el caso Koldo al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.

Peinado en una providencia,  firmada el 29 de mayo se limita a afirmar que: «Dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista procédase con el mismo a la apertura de pieza separada». Al ser una providencia –y no de un auto– el juez Juan Carlos Peinado no aporta mayores detalles sobre su decisión.

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El órgano comunitario ya escribió al juez el pasado 26 de abril. La Fiscalía Europea preguntó si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. Todo ello a pesar de que ya está acreditado de que el dinero procede del Fondo Social Europeo (FSE).

En concreto, el órgano comunitario envió un decreto al juzgado en el que pedía que se le informase si en la causa «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaban que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estimaba pertinente, por lo que solicitaban al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.

El instructor facilitó una copia de los documentos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación. Existe el temor de que la Fiscalía Europea, como ya ha pasado en otras ocasiones, deje morir casos judiciales que van contra los intereses de Pedro Sánchez.

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