La Diputación de Badajoz ha decidido bloquear el acceso a la información relacionada con David Sánchez Pérez-Castejón en su labor como «alto cargo» tras haber emitido en el pasado resoluciones favorables.

Estas resoluciones, a las que tuvo acceso el diario Vozpópuli, proporcionaban detalles sobre su contratación, la creación rápida de su despacho, y su labor al frente del programa Ópera Joven.

David Sánchez no sólo no había solicitado trabajar a distancia, sino que además tenía prohibido hacerlo, según consta en una resolución del secretario general de la Diputación, Enrique Pedrero. Dicha resolución, que confirmaba que Sánchez había percibido 280.845 euros desde 2017 por sus funciones, sin contar con un horario fijo, sin despacho y sin posibilidad de teletrabajo, a pesar de residir en Elvas, Portugal.

 El escándalo se agravó cuando el diario mencionado obtuvo en exclusiva un correo electrónico que demostraba que el despacho de David Sánchez se creó apresuradamente en plena polémica por su considerable patrimonio y justo antes de que la jueza Beatriz Biedma admitiera a trámite una denuncia en su contra.

En el mensaje, un funcionario del área de Cultura de la Diputación recibió instrucciones para habilitar dos despachos en Plaza de España nº9, uno de los cuales sería destinado al hermano del presidente.

A través del Portal de Transparencia, Vozpópuli había solicitado información sobre varios aspectos del trabajo de David Sánchez. Entre ellos, los justificantes de su contrato, la documentación evaluadora de su desempeño laboral y los informes enviados a los patrocinadores de Ópera Joven. También se requirió la fecha en la que la Diputación fue notificada sobre su residencia en Portugal y cuándo informó al órgano competente sobre dicha circunstancia.

La destrucción del campo

Sin embargo, la Diputación de Badajoz denegó la entrega de estos documentos, justificando su decisión en la existencia de un proceso judicial en curso. Según su respuesta, la divulgación de esta información «fuera del marco de la instrucción penal vulneraría el principio de igualdad entre las partes». Esta negativa marca un cambio claro de postura por parte de la administración.

La Diputación argumentó además que la información solicitada ya se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, dentro del proceso penal en curso, por lo que divulgarla sería un «atentado» contra el derecho a la defensa de las partes involucradas, amparado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Asimismo, advirtieron que la publicación de dichos datos podría «perjudicar la estrategia legal y procesal» de todas las partes, afectando también la presunción de inocencia de los posibles implicados.

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