El INE cifra en 113.326 los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no podrán votar en las elecciones

La suspensión cautelar afecta a quienes no han acreditado su condición de descendientes de exiliados. Iustitia Europa pide aclarar la situación de otros 35.925 registros
Noticias18 de noviembre de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado al Tribunal Supremo que 113.326 electores que adquirieron la nacionalidad española por la llamada "ley de nietos" están afectados por la suspensión cautelar del voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida alcanza a quienes no han acreditado que son descendientes de exiliados.

La cifra figura en un escrito que la Abogacía del Estado ha remitido en nombre del INE a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. El Ministerio de Asuntos Exteriores había facilitado un listado inicial de 163.355 personas nacionalizadas al amparo de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.

La Oficina del Censo Electoral descartó 9.707 registros de personas que serán menores de edad el día de la votación o que adquirieron la nacionalidad después del 1 de agosto, fecha de cierre del censo. De los 153.648 registros restantes, localizó 117.723 en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Entre ellos había 729 electores que habían acreditado su condición de descendientes de exiliados y sí podrán votar. Para llegar a la cifra final de afectados, el INE depuró posibles duplicidades y excluyó a quienes ya estaban inscritos en el censo antes de que la ley entrara en vigor en 2022.

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Los registros que no figuran en el censo exterior

Iustitia Europa, partido personado en el procedimiento, ha anunciado que pedirá al Supremo que el INE aclare la situación de los 35.925 registros que no aparecen en el censo exterior. La formación quiere saber si alguno de esos electores pasó al censo de residentes en España y, en ese caso, en qué fecha se produjo el traslado.

El partido también solicitará que el INE detalle cómo se separarán y excluirán del escrutinio los votos afectados por la medida cautelar. Su objetivo es que el Supremo pueda comprobar, antes de las elecciones del 29 de noviembre, que se ha cumplido su resolución.

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